Sálvese quien pueda de la Justicia con dueños

Así como Jorge Luis Borges escribió alguna vez “se me hace cuento que empezó Buenos Aires / la juzgo tan eterna como el aire y el agua” hoy existen motivos para decir que parece cuento que Tucumán tuvo una Constitución y vocación por el Estado de derecho: tales categorías lucen más lejanas que el mar. Avanzan las truculencias institucionales que definen al califato y “Trucumán” se consolida como el “Antijardín de la República”. Lástima por la poesía y por la realidad. La convalidación flamante del otorgamiento del poder de acusar -y de no acusar- a perfectos desconocidos se inscribe en la misma lógica que parió el “para qué investigar si se puede no investigar (y da igual)”. Según interpretan en el foro, la Corte local acaba de clavar una daga al fiscal -y al defensor oficial- de la Constitución, que es el elegido por concurso y sometido a controles. Sálvese quien pueda de la Justicia entregada a funcionarios auxiliares ungidos “a dedo”, y dependientes de los deseos y caprichos de sus jefes.

Resulta paradójico que esta figura más precaria que la del magistrado subrogante -que el año pasado casi convierte al simulador Walter Ojeda Ávila en camarista de Apelaciones- haya sido justificada en la “necesidad y urgencia” de poner en marcha un proceso penal superador de los vicios vigentes, plan en ciernes desde… 2012. En vez de celebrar los concursos previstos en la Ley Orgánica de Tribunales (artículos 91 y 160 bis), las cabezas de los ministerios públicos se han lanzado a la desesperada, y en forma discrecional y confidencial a nombrar agentes con sueldos de seis dígitos. Es una sobredosis de nepotismo que pasará facturas literales y simbólicas durante añares.

Ese esquema destructor del mérito y de la igualdad de oportunidades ha recibido el respaldo de los vocales Daniel Posse, Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva, y Claudia Sbdar, quienes firmaron una sentencia vía per saltum a imagen y semejanza del ministro “público” Edmundo Jiménez. Dicen en los Tribunales que el fallo “Marchisio”, que por extensión beneficia a las designaciones de Washington Navarro, titular de la Defensa, atrasa 15 años, y lleva a la provincia a la época en la que Jiménez y el ex gobernador José Alperovich cubrían las vacantes judiciales a golpes de dedocracia.

El alto tribunal provincial no sólo ha dado la espalda a los jueces de instancias inferiores que habían observado la peligrosidad e inconstitucionalidad de los auxiliares de fiscal incorporados al orden jurídico por iniciativa de este Gobierno con el oficialista Marcelo Caponio, el azote de los Tribunales, a la cabeza, sino que también ha ido en contra de la corriente jurisprudencial nacional que desactivó las tentativas de precarización de la Justicia promovidas por el kirchnerismo. Los vocales han roto incluso con la jurisprudencia de la propia Corte que había dado lugar a la instalación del Consejo Asesor de la Magistratura en 2009 para profesionalizar, transparentar y limitar la injerencia política en la preselección de jueces, fiscales y defensores oficiales, tesitura que incluso recibió el visto bueno de la Corte de la Nación. Esta contramarcha judicial va de la mano de la disminución y ralentización de los nombramientos de magistrados titulares. De hecho el nuevo-viejo Código Procesal Penal de 2016 debuta este lunes sin Tribunal de Impugnación ni fiscal regional -que debe encargarse de los casos de corrupción-, y con numerosas fiscalías y defensorías acéfalas. A un observador de ese panorama le llama la atención cómo cierra el rompecabezas: los mismos que depauperaron a la judicatura surgida de concursos públicos de antecedentes y de oposición desarrollaron a continuación el programa para poblar los ministerios públicos de sustitutos escogidos con criterios de parentesco y amiguismo.

Por voluntad de esta Legislatura, la figura auxiliar puede hacer todo lo que hace un fiscal menos requerir la elevación de las causas a juicios orales, sobreseimientos, absoluciones, condenas y penas. La investigación quedaría básicamente en sus manos: si un funcionario constitucional que goza de todas las garantías de independencia se va al mazo en cuanto lo apuran (verbigracia Claudio Bonari [Nº2] respecto de las denuncias de los gastos sociales legislativos), ¿qué podrán hacer estos subordinados que en última instancia se deben a quien los nombró? Nadie duda de que los fiscales necesitan colaboradores; la crítica reside en el mecanismo de ingreso y en las facultades otorgadas. En Mendoza, por ejemplo, el agente equivalente (“ayudante fiscal”) es elegido por concurso de antecedentes y oposición, según lo dispone específicamente el artículo 40 de la Ley 8.008. Es una diferencia sustancial respecto de la coyuntura de facto “trucumana”, pero ello no fue óbice para que los vocales “Danieles” apoyaran su voto favorable a los auxiliares dedocráticamente designados por Jiménez en un pronunciamiento pro ayudante fiscal de la Corte Suprema mendocina.

Para sustentar la existencia de “cuasifiscales” al margen del esquema previsto en la Constitución, Posse, Estofán y Leiva razonaron que está todo bien mientras aquellos actúen como delegados, y bajo la responsabilidad de los fiscales propiamente dichos. Más allá de que implica un descalabro adicional adjudicar los posibles errores de los auxiliares a sus mandantes, la delegación de las funciones públicas -en este caso, representar los intereses de la sociedad en la Justicia mediante la acusación de los supuestos criminales- está expresamente prohibida en el artículo 3 de la Carta Magna provincial. Esa cláusula agrega: “el acto realizado en virtud de la delegación (implícita o explícita) es nulo y los jueces no podrán aplicarlo. Las responsabilidades de la violación pesan solidariamente sobre los que han ejercido y consentido la delegación”. Puede que para los vocales del alto tribunal esta restricción no signifique nada, mas algunos príncipes de la abogacía consideran que la contradicción es inadmisible y han comenzado a arremangarse. El final de esta batalla por la Justicia sin dueño sería digna de un cuento de Borges. Pero hasta nuevo aviso, réquiem por los esfuerzos desarrollados en la última década en pos de un sistema judicial sin ataduras.