Por Luis Duarte
05 Mayo 2019
DESTRUCCIÓN. El desalojo se concretó con maquinaria y personal de Vialidad de la provincia.
La pelea del Gobierno contra la usurpación de tierras fiscales en El Cadillal, volvió a tener un nuevo episodio. La Policía concretó el jueves el desalojo de ocupantes irregulares y la destrucción de una casilla en el sector donde funcionaba una casa ecológica autosuficiente.
La Justicia había intimado hace 20 días atrás a los moradores, con el fin de despejar la zona. Ante la falta de acción, se concretó la expulsión utilizando maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). En el procedimiento participaron también representantes de la Fiscalía de Estado de la Provincia, del Ente Tucumán Turismo (ETT) y de Catastro.
El último caso
En junio de 2004, Turismo cedió a la Fundación Biogen un terreno ubicado cerca de la ruta provincial 347, en el ingreso a El Cadillal. El objetivo entonces era desarrollar un proyecto de creación y mantenimiento de una casa ecológica autosuficiente.
Desde fines del año pasado, el referente de la organización, Antonio Navarro, comenzó a recibir amenazas de un grupo de personas que pretendían ocupar el lugar.
Las personas señaladas, cuyas identidades no fueron reveladas aún, lograron instalar luego una casilla de madera (prefabricada), lo que llevó a Navarro, beneficiario de la concesión, presentar un recurso de amparo ante el Juzgado de Paz de la ciudad de Tafí Viejo. El fallo favoreció al demandante y fue ratificado después por el Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones V, de acuerdo a los datos oficiales.
PREFABRICADA. Los usurpadores habían construido una casilla.
Navarro denunció también ante distintos organismos amenazas, la contaminación del tanque de agua del proyecto, la rotura de los paneles solares, “apremios ilegales” y la colocación en la casa ecológica de botellas con nafta, entre otras situaciones. En la causa figuraron los miembros de la familia que ocupaba el lugar. A partir de la presentación, el Gobierno asesoró y avanzó en el proceso, con la idea fija de desocupar los predios.
Pese a la ejecución de la expulsión por orden judicial, el prestador decidió renunciar a la concesión, debido a que “parte del terreno concesionario fue usurpado y por las amenazas y atentados que sufrimos”, según le expresó Navarro a las autoridades del Ente Tucumán Turismo.
“La casa autosustentable recibió durante todos estos años innumerables visitas de establecimientos educativos de diversos niveles, como también de turistas en general que visitaban la villa. Se sustenta a través de las energías eólica y solar para generar electricidad. Además, utiliza agua de lluvia para consumo y riego y sus efluentes líquidos y residuos sólidos son tratados para evitar la contaminación ambiental. Por estas características, la distinguieron con la declaración de Interés provincial por el Gobierno y de Interés Turístico y Universitario por parte del Ente Tucumán Turismo y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)”, dijo Sebastián Giobellina, presidente del ETT.
La venta ilegal
“Hemos logrado desocupar de intrusos el terreno y tomar posesión. Con todo esto, se busca que la ciudadanía entienda que no se puede comprar terrenos como si nada. Hemos detectado que se ofrecían tierras mediante las redes sociales, como Facebook”, expresó el funcionario provincial.
Giobellina hizo hincapié en que detrás de las ventas ilegales, “hay gente estafada”. “Estas personas no piden papeles. Ante eso, el Estado va a accionar, y cuando lo haga, se desalojará y los compradores perderán dinero. Se busca que la gente no compre este tipo de terrenos, añadió.
Durante los primeros días de abril, desconocidos habían colocado postes de cemento en el predio conocido como Morro Casino, que tiene una hectárea de extensión.
El Ente Tucumán Turismo realizó luego averiguaciones y confirmó que se trataba de un intento de usurpación. Por ello, Fiscalía de Estado concretó la denuncia penal, que derivó en un operativo para la destrucción de las obras.
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