Cuando Bromatología llegó, los “mercaditos” de los hermanos Caponio ya no estaban allí
La repartición visitó tres de los locales revelados por LG Play. Según el funcionario municipal Gramajo, dos de los inmuebles estaban deshabitados, por lo que se tratará de dar con los propietarios. En el tercer lugar, agregó, los agentes sanitarios tuvieron que marcharse porque estaban siendo “hostigados”
Las versiones dan cuenta de que al menos 10 “mercaditos” con precios al costo habrían sido instalados en la Capital por Acuerdo Federal, el partido que lideran los hermanos Marcelo Caponio (legislador) y Tulio Caponio (representante en el Parlasur). El miércoles, una investigación de Panorama Tucumano, el ciclo de LG Play, reveló las ubicaciones de algunos de ellos. Pero cuando la Dirección de Control Ambiental y Bromatología (Dicab) de la Municipalidad llegó, la mercadería ya no estaba allí.
Así lo confirmó el titular de la repartición capitalina, Oscar Gramajo. En diálogo con LA GACETA, el funcionario explicó que los empleados de la Dicab concurrieron con órdenes de inspección a los inmuebles de La Rioja y La Plata (Villa Alem) y de Chile 749, donde periodistas de este diario constataron la existencia de los “mercaditos”. Los agentes municipales también visitaron el depósito de avenida Francisco de Aguirre al 2.000, donde se había instalado un depósito para los alimentos y los productos de higiene y de limpieza. “No había nada”, resumió Gramajo respecto a las tres locaciones.
Los casos son distintos, relató el director de la Dicab. La propiedad de La Rioja y La Plata y el depósito de la zona norte estaban cerrados, detalló. “En el primero de ellos, como la ventana no tenía vidrio, se podía observar hacia el interior”, indicó Gramajo. Aclaró que no se divisaron alimentos. De todas formas, se solicitará a la Dirección de Catastro Municipal datos sobre los titulares de esos inmuebles. “El objetivo es tomar contacto con los propietarios para averiguar si habían sido alquilados, cedidos o prestados a alguien para la distribución de alimentos”, añadió.
La visita a calle Chile al 700 resultó de otra manera. “Es una casa de familia. Una señora atendió de forma muy amable a los agentes sanitarios. Cuando pasaron, vieron que no había mercadería (para la venta) ni tarimas u otros elementos que se utilizan en los comercios”, sostuvo el Gramajo. Agregó que los empleados de la Dicab tenían la orden de realizar una serie de preguntas. “Cuando estaban anotando el nombre de la señora y su número de DNI, se empezaron a congregar vecinos o gente que llegó de algún lugar, y comenzaron a hostigar a los agentes sanitarios, razón por la cual se marcharon del lugar”, explicó el funcionario.
Ahora, la repartición municipal está a la espera de recibir datos sobre las ubicaciones los restantes “mercaditos” del partido Acuerdo Federal. Al igual que en las inspecciones de las últimas horas, la Dicab actuará de oficio en caso de obtener alguna información.
Al costo para la venta
En la emisión del miércoles, una investigación de Panorama Tucumano mostró la operatoria en los lugares de venta de mercadería. “Esto es un mercadito social. Traemos precios cuidados. Al servicio lo brinda el legislador Marcelo Caponio y nuestro candidato a legislador, Tulio Caponio. Él tiene el poder para comprar la mercadería a bajo costo y al mismo costo la vende. No tiene ningún beneficio”, explicó una dirigenta que atendía en La Rioja y La Plata. Cuatro periodistas de este diario entraron allí por tandas y les dieron idénticas explicaciones: para adquirir mercadería había que afiliarse, ya sea en la primera o en la segunda compra. ¿Los precios? El kilo de azúcar a $ 19, botellas de 900 cc de aceite a $ 43, un litro de champú a $ 35, 500 gramos de fideos a $ $20 y 520 gramos de puré de tomate a $ 18, entre otros alimentos y productos de higiene y limpieza.
“Hacen una de más”
El intendente Germán Enrique Alfaro (Partido por la Justicia Social), aliado a Vamos Tucumán, fue consultado ayer por LA GACETA sobre los “mercaditos” de los Caponio. “Creo que (con) este tipo de cosas (algunos) cometen el error siempre cuando hacen una de más. Si yo compro la mercadería y la vendo a bajo costo, es lo que está necesitando la gente hoy en este momento; el Estado tiene que estar a la par de la gente. Ahora, si con esa mercadería te pido la afiliación o te pido que me votes, eso es hacer una de más”, reflexionó el jefe municipal de la Capital, en el acto de lanzamiento del nuevo “Punto Digital” en Los Chañaritos. Y agregó: “después también (está el error) de negarlo (por parte de los Caponio), porque en realidad si compro la mercadería y la vendo a bajo costo, es un beneficio (para la ciudadanía)”.
El candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Ariel Osatinsky, vinculó los puestos de venta de productos de Acuerdo Federal con los recursos del Poder Legislativo. “Estos ‘mercaditos’ de Caponio aportan también evidencia de cuál es el destino que dan a los fondos de la Legislatura más cara de país. Todavía está fresca la imagen de las valijas con $ 615 millones que salieron del banco en 2015 hacia la sede de la Cámara”, planteó el dirigente de izquierda. Consideró luego que “los mismos responsables de la desocupación, la precarización y la miseria salarial, son los que alimentan este clientelismo político”. En ese sentido, aseveró que “si hubiera un salario igual a la canasta familiar, empleo genuino, subsidio a los desocupados, 82% móvil de jubilación, no habría margen para estas prácticas”. Y lanzó dardos contra el resto de los espacios. “(José) Alperovich, acostumbrado a estas prácticas, se llamó al silencio. Cambiemos y (Ricardo) Bussi no tienen autoridad para denunciar. El propio intendente Alfaro realizó en más de una oportunidad un reparto discrecional de alimentos en tiempos electorales. Ni hablar de las denuncias en relación al Plan Belgrano, nunca esclarecidas”, arremetió.
Fuentes de la Junta Electoral Provincial advirtieron que ese órgano no tiene “poder de investigación” sobre posibles casos de clientelismo o de prebendas Por eso, en caso de recibir alguna denuncia -algo que no sucedió en el caso de los “mercaditos”-, se remiten las actuaciones al Poder Judicial para que se tramite la pesquisa.