01 Mayo 2019
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BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional consiguió una decisión a su favor en el juicio que el fondo Burford lleva adelante en Estados Unidos por la estatización de YPF. Como habían pedido este lunes los abogados de Argentina y de la petrolera, la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, otorgó la suspensión del inicio del juicio hasta que la Corte Suprema norteamericana decida sobre la jurisdicción de la demanda, detalla Clarín.
Los expertos que siguen el caso indican que la Corte podría demorar su definición hasta octubre, luego del receso veraniego del hemisferio norte.
La decisión de Preska de esperar la decisión de la Corte llegó tras el pedido del Gobierno argentino. "El esfuerzo argumental de la Argentina estuvo centrado en la economía procesal y la posibilidad de que se generaran procesos contradictorios y el hecho de que la parte demandada es un estado soberano", indicó una fuente de la defensa argentina.
El juicio, por un monto que rondaría los US$ 3.000 millones, fue iniciada en 2015 por Burford, tras haberle comprado los derechos a la justicia española, en el proceso de la quiebra de la empresa que controlaba la familia Eskenazi.
En la práctica, el juicio se demorará varios meses. Es que la Corte Suprema debe decidir si acepta o no definir donde tiene que ocurrir el jucio por la estatización: Buford pretende que se haga en tribunales de Nueva York y el Estado argentino quiere que la causa se sustancie en Buenos Aires. La Corte ya le pidió la opinión al Departamento de Estado norteamericano, que recibió a las autoridades argentinas y deberá transmitirle la opinión a la Corte. "Debería entregar el escrito no vinculante antes de septiembre", indicó Sebastián Maril, director de FinGuru y especialista en los juicios que se le siguen a la Argentina en Estados Unidos al dar a conocer la decisión de Preska en su cuenta de Twitter.
Si la Corte no acepta tratar el caso sobre la jurisdicción en que debería resolverse el juicio, la demanda seguiría en EE.UU. Si acepta revisar el caso, la decisión final no saldrá hasta junio de 2020, estima Maril.
El vínculo
Burford está litigando contra la Argentina porque compró las empresas bajo las cuales los Eskenazi tenían el 25% de las acciones de YPF. La demanda se basa en que el Estado argentino no cumplió con el estatuto de la petrolera, que fija que quien compre 51 % de la empresa debe lanzar una oferta por la totalidad de la compañía, cosa que Argentina no hizo. Alegan que por eso se violaron los derechos de los accionistas minoritarios. El país expropió, en 2012, bajo la administración de Cristina Kirchner, el 51% de YPF.
El planteo de Argentina es que no fue una decisión comercial si no que la operación se hizo bajo la ley de inmunidad soberana y que, por eso, debe litigarse en los tribunales argentinos.
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