24 Abril 2019
ARCHIVO LA GACETA
Los costos que afrontarán las listas de candidatos a una banca de la Legislatura por la Capital -un piso de $ 4 millones para una campaña con lo esencial- pusieron sobre la escena otra vez la falta de normativa a nivel provincial relativa al gasto proselitista.
En los últimos tres años, legisladores del oficialismo y de la oposición firmaron al menos nueve proyectos de ley con ideas para regular el financiamiento de partidos y de alianzas en la previa a los comicios. Todas las iniciativas sin embargo quedaron “olvidadas” cuando el cuerpo colegiado abordó las propuestas enmarcadas en la reforma electoral, durante 2018.
A 46 días de la votación, no hay posibilidades ciertas de que esos proyectos sean debatidos. Por eso, los distintos espacios en pugna competirán con las normas vigentes en los anteriores comicios sobre los recursos de campaña.
Según surge del registro de Leyes y Decretos de la Provincia, la única disposición relativa al financiamiento de la política está consignada en la Ley 5.454 (de Partidos Políticos), en el capítulo “del control patrimonial”. Allí se detalla que los partidos “deben” llevar la contabilidad de todo ingreso y gasto de “fondos o especies”, indicando fecha, nombre y domicilio de “las personas que los ingresen o reciban”. Esos informes deben permanecer conservados durante seis ejercicios, con sus comprobantes. Otro deber de los partidos políticos es presentar a la Junta Electoral, dentro de 60 días del cierre del ejercicio anual, su estado patrimonial y su cuenta de ingresos y de egresos certificados por un contador o por el órgano interno de control. A esto se suma la publicación en el Boletín Oficial del “estado contable” -no expresa nada del detalle- presentado por la organización partidaria. Además, a 60 días de cada elección provincial, los partidos que participen deben elevar “una relación detallada de los ingresos y egresos concernientes a la campaña electoral”.
Todo esto, al margen de lo dispuesto, no tiene una penalización expresa en caso de incumplimiento. Además, la legislación provincial no otorga a la Junta el poder de contralor financiero, sino que la limita a la guarda de la documentación relativa a las campañas.
Existen proyectos con estado parlamentario -es decir, que no pasaron a archivo- en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero no hay indicios de que el oficialismo pretenda cubrir ese vacío a nivel provincial. Para los comicios nacionales, en cambio, rigen normas que dieron pie en los últimos años a diversas denuncias en Comodoro Py.
Con la participación del Tribunal de Cuentas
El legislador Guillermo Gassenbauer había presentado un proyecto en 2018 junto a Luis Espeche, Elena Cortalezzi y Luis Morghenstein, entre otros, que disponía controles del Tribunal de Cuentas sobre los fondos de campaña, que además debían estar bancarizados. Preveía además multas en dinero para quienes incumplieran las obligaciones.
Prohibición de anónimos y tope de hasta $ 100.000
El opositor Claudio Viña elevó en 2018 una propuesta para incluir el capítulo “Financiamiento de Campañas Electorales” en la ley 78.76, con restricciones para aportantes (prohibición de anónimos y tope de hasta $ 100.000 por contribuyente). Habilitaba a la Junta Electoral Provincial a efectuar el control externo de los fondos de los partidos en campaña.
La potestad de realizar auditorías contables
Los radicales Ariel García, Raúl Albarracín y Fernando Valdez presentaron el año pasado un proyecto propio de reforma política; allí, incluyeron capítulos referidos a las campañas. Entre otras novedades, otorgaba a la Junta Electoral Provincial la posibilidad de realizar auditorías en los estados contables anuales de los partidos. Estos, además, debían elevar las rendiciones de cuentas detalladas al órgano electoral, para su aprobación, con datos de los aportantes.
Prohibición de clientelismo y del “acarreo”
El 28 de mayo de 2018, una decena de opositores elevó un proyecto de reforma política y electoral. Se le dedicó varios artículos a la transparencia en el manejo de los fondos de campaña, como la prohibición del clientelismo, del “acarreo” y la creación de un fiscal auditor en esa materia, además de un Juzgado Electoral provincial. Se incorporaron también multas. Firmaron la propuesta José Canelada, Alberto Colombres Garmendia, Alfredo Toscano, Claudio Viña, Silvio Bellomio, Luis González, Eudoro Aráoz y Luis Brodersen, entre otros.
Elías de Pérez busca fondos de campaña
La candidata a gobernadora por Vamos Tucumán, Silvia Elías de Pérez, activó ayer una web para recolectar fondos con miras a su campaña. La senadora radical dijo: “cada aporte, por más pequeño que parezca, hace la diferencia”. En el sitio se puede colaborar con montos de entre $100 y $10.000. Elías advirtió que, al no regir una ley que regule el financiamiento de las campañas a nivel provincial, se inclinó por esta idea.
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