Medidas para identificar a los ocupantes de “Las Pirámides”

Un oficial de Justicia, un abogado de la UNT y un cerrajero entraron el 5 de abril al predio del barrio privado “Las Pirámides”, en San Javier, para identificar a los ocupantes y relevar las construcciones. El operativo, ordenado por el juez federal Daniel Bejas, se realizó en el predio del km 28 de la ruta 338 , cerca de Villa Nougués, que ocupa desde hace años Próspero Marcelo Sosa, y que la Universidad reclama como parte de su propiedad en el parque Sierra de San Javier.

Se trata de la segunda medida judicial para hacer relevamiento y ordenar a Sosa que no siga talando árboles ni construyendo viviendas en el predio que él ocupa desde hace muchos años, puesto que alega que desde 2008, cuando fue sobreseído por prescripción en el juicio por usurpación que le hizo la UNT, tiene derecho a comercializar el barrio privado, que publicita por internet . La anterior medida judicial, en diciembre, fracasó porque el oficial de Justicia y la UNT no consiguieron apoyo policial. Ahora el juez Bejas ordenó que dos agentes de la Policía Federal acompañaran al oficial de Justicia Diego Padilla y al abogado de la UNT Máximo Castro, y que también los asistiera un cerrajero para facilitar el ingreso. La orden fue identificar a todos los actuales ocupantes –incluidos Sosa y su hijo Marcio-, pedir que exhiban títulos, si alegan poseerlos, y, en caso de que no se encuentren, otorgarles un plazo de cinco días para que se presenten en el juzgado. Ese plazo venció esta semana que pasó, y los ocupantes han comenzado a presentarse en el Juzgado, según dijo Castro.

Ingreso trabado

El abogado relató que el trámite fue trabado por Sosa. “Cuando llegamos, a las 11,30, habló con su abogado y luego puso un tractor contra el portón y dijo ‘¡hagan lo que tienen que hacer!’. El cerrajero tuvo que usar una barreta para descalzar el portón que estaba trabado por el tractor y poder correrlo”, explicó. “Pero no pudimos entrar con la camioneta y debimos ir a pie por el predio, mientras Sosa nos insultaba y amenazaba. No es una persona que se maneje dentro de los cánones sociales normales”, agregó. En medio del procedimiento, apareció un policía local, puesto que “Sosa había llamado al 911 denunciando un robo”, agregó Castro. “Se le mostró la orden judicial y se fue”.

De fin de semana

Según dijo, se comprobó que hay unas 30 casas, en construcción y terminadas. “El oficial está realizando el informe con la cantidad exacta de viviendas”. No encontraron ocupantes, excepto los Sosa, “posiblemente porque las casas son usadas en fin de semana. No obstante, se dejaron las notificaciones para que los ocupantes se presenten en el juzgado”.

El secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, dijo que se comprobó que “pese a la medida de no innovar, Sosa siguió la construcción y continuó desmontando. Así que ahora se van a presentar las pruebas y se va a pedir el desalojo”.

LA GACETA intentó hablar con Sosa pero su hijo, Marcio, respondió que luego se comunicaría. En diciembre, había dicho que se allanaría a lo decidido por la Justicia pero que recusaría al juez Bejas. Una ocupante del predio, identificada como Anita, dijo a LA GACETA que “los vecinos estamos preocupados; la gente que nos vendió no dice nada. No queremos quedarnos sin vivienda; no tenemos dónde ir”.

Al respecto, Castro había dicho en diciembre que estos ocupantes “no son compradores de buena fe”. Y a propósito del empresario que comercializa “Las Pirámides”, lo describió así: “Sosa es la radiografía que nos muestra el oscuro negocio inmobiliario que se esconde detrás de la toma de tierras de dominio público universitario. Esa es la realidad que queremos corregir”. Y concluyó que, mientras avanza la querella judicial, con la difusión del caso de “Las Pirámides”, a Sosa “se le terminó el negocio”.