La Provincia no tiene previsto aumentar la luz

No habrá nuevos aumentos. Los dos anunciados para el resto de 2019 serán absorbidos por el Estado nacional. Esa fue una de las medidas que Presidencia de la Nación difundió en su documento, referido al freno del ajuste en el precio de la tarifa del servicio de electricidad para los usuarios residenciales de todo el país. Lo mismo vale para el gas y para el transporte. Sin embargo, la Casa Rosada dejó en claro algunas cuestiones de jurisdiccionalidad. “Estos anuncios se refieren sólo a los tramos de electricidad, gas y transporte que dependen del Gobierno nacional”, comunicó como “nota importante”. Tal vez por una cuestión jurídica, la aclaración se refiera puntualmente a que no se avanzará sobre las provincias y los municipios que tienen a su cargo el servicio de electricidad.

Más allá de esa cuestión, hay otra interpretación de la medida que encendió varios signos de interrogantes. “Si en los próximos meses un usuario ve un aumento en su factura de gas o electricidad, o en el boleto de colectivo, se deberá a una decisión de su gobierno provincial y municipal”, finaliza el comunicado respecto de las “Tarifas de servicios públicos”.

Sobre los precios estacionales, en diciembre ya se había aplicado un aumento del 25%; otro fue dispuesto por la Nación en febrero (rondó el 15%) y se esperaba dos más: uno que debía regir desde el 1 de mayo y otro a partir de agosto, de 5%, cada uno. Esos serían los incrementos que quedarán frenados con el plan antiinflacionario. Pero aquí se abre otro interrogante para los actores del servicio de energía eléctrica: la disposición nacional sólo es aplicable a las casas de familias, pero nada aclara respecto del resto de los usuarios. Por esa razón, aguardan que la Secretaría de Energía de la Nación dicte las resoluciones pertinentes que aclare el panorama sobre si el freno también será para las industrias y el comercio, o no.

La absorción del costo de la medida, por parte del Estado nacional, deja algo de tranquilidad a las distribuidoras del servicio. Sin embargo, hay otro factor que no está alcanzado por la medida y que tiene que ver con el reajuste que se hace, dos veces al año, por efecto de la inflación. Se trata del Valor Agregado de Distribución (VAD), la parte de la tarifa que toma en cuenta el costo del servicio a cargo de EDET, y que depende de una decisión de la Provincia. Está previsto que la próxima revisión debe operar en septiembre. “La provincia no va a aplicar aumento de nada. No hay decisión alguna de incrementar las tarifas por el lado nuestro”, afirmó ayer a LA GACETA el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández. Bajo su órbita ministerial está el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).

De todas maneras, el funcionario del gabinete del gobernador Juan Manzur, aclaró que hay que esperar la letra fina de las resoluciones que debe elaborar la Secretaría de Energía de la Nación. La Provincia viene sosteniendo, en plena campaña electoral, que las tarifas de la electricidad han subido más de 3.000% durante la gestión del presidente Mauricio Macri. También cargó contra la decisión de eliminar la tarifa social desde el primer día de este año. ¿Van a aplicar esta medida con fondos provinciales?, se le consultó a Fernández. “Está en consideración esa posibilidad”, se limitó a decir. El Ejecutivo viene depurando el padrón de beneficiarios que, en principio, serían 100.000 casos. El propio Manzur viene sosteniendo que no cuenta aún con los recursos para atender ese reclamo. Según pudo establecerse, sólo cuatro provincias no cuentan con la tarifa social: La Pampa, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Los municipios, como el de la Capital, Monteros o Yerba Buena, decidieron bajar o subsidiar las tasas municipales en las boletas, como una manera de amortiguar el impacto de la suba de tarifas.