Habilitan ayudas para huérfanos de femicidios

El lunes primero de abril, Rosa Angélica Sosa se levantó a las 6.15, como todos los días. Atendió a sus nietos, los mandó a la escuela y después partió al cementerio. Como siempre -dijo-, se le estrujó algo por dentro cuando miró el portón de la calle: se imagina allí a su hija Alejandra Acosta, entrando a la casa. Esta vez fue distinto: “se cumplió un nuevo aniversario del crimen de mi hija. Pero esta vez con otra sensación, porque ya está tramitándose la ayuda que le corresponde a mis nietitos por la Ley Brisa”, contó la mujer, de 68 años, a LA GACETA.

El femicidio de Acosta -era policía- ocurrió en 2013: murió tras recibir un disparo en el cuello de su marido, Edgardo Barrionuevo, también de la fuerza. Él había dicho que se trató de un disparo accidental, pero la Justicia lo condenó a cadena perpetua en septiembre de 2017 (los jueces lo culparon por el delito de homicidio agravado por el vínculo). Desde el crimen, los niños (de 6 y 8 años) viven con Sosa. En la casa del barrio La Milagrosa, en Banda del Río Salí, viven nueve: Sosa, su marido, cinco hijos, y los niños de Alejandra.

El de los nietos de Sosa es el primer trámite para la reparación a las niñas y niños huérfanos por femicidios que se inició en la oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en Tucumán. La Ley de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes (27.452, llamada “Ley Brisa”), prevé la asignación de un subsidio mensual a huérfanos por femicidio hasta los 21 años, equivalente a una jubilación mínima ($ 10.439). Los turnos ya se pueden solicitar en la página de Anses.

“El señor (Alberto) Lebbos (el papá de Paulina, asesinada en 2006), nos llamó para avisarnos que ya estaba disponible. Nos puso en contacto con los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Colombres y Augusto Moeykens, y luego con el titular de Anses, Daniel Ponce. El 26 de marzo llevamos el último papel: la sentencia firme con la que condenaron al asesino de mi hermana”, agregó María José Acosta, una de las hermanas de Alejandra.

“Esta ley es una bendición porque a los 63 años (cuando murió Acosta), tuve que dejar de ser abuela para volver a ser madre de niños. Es difícil, sobre todo en esta situación económica”, contó la mamá de Alejandra. Y agregó: “de todo este dolor aprendí que nunca hay que tener miedo. No hay que callar ante situaciones de violencia. A todas las mujeres se los digo. Siempre hay que decir la verdad. Mi hija no se había suicidado, lo dije y lo repetí, hasta que la Justicia me dio la razón: su esposo la mató”.

Un nuevo derecho

“Se trata de un nuevo derecho para niñas, niños y adolescentes que han perdido a su madre producto de la violencia machista. Lo importante es el carácter de ‘reparación’ asignado: el Estado asume la culpa de no haber protegido a esa mujer de su agresor. Sobre todo porque es tan común que haya crímenes con víctimas que habían denunciado muchísimas veces a sus agresores, quienes terminaron matándolas”, consideró la secretaria de la Mujer de Tucumán, María del Carmen “Cuyi” Carrillo. Agregó que será fundamental el seguimiento de profesionales para garantizar que los fondos sean destinados correctamente a la crianza de los niños. Una comisión, integrada por miembros de Anses, del Instituto Nacional de Mujeres (INAM) y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), se encargará del seguimiento de cada caso.

En Tucumán se estima, de acuerdo a datos de la Secretaría de Derechos Humanos -encabezada por Érica Brunotto-, que al menos 30 niñas y niños están en condiciones de solicitar la reparación. Sin embargo, se podrían sumar casos. De acuerdo al Registro Nacional de Femicidios, realizado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en el primer trimestre del año se registraron 72 femicidios relevados. A causa de estos crímenes de odio machista, 52 infantes quedaron huérfanos.

La norma fue bautizada como Ley Brisa, por el nombre de la hija más chica de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su marido, Iván Rodríguez, el 20 de diciembre de 2014. Los tres chicos comenzaron a vivir con su tía Cintia, madre de tres hijos. La iniciativa fue impulsada por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano. La ley nacional fue aprobada el año pasado en el Congreso, y -en diciembre- adhirió a la norma la Legislatura.