31 Marzo 2019
Si alguna vez fueron noticia, desgraciadamente hoy se han convertido en algo normal. Las fugas de presos de las comisarías se vienen profundizando desde unos meses. El sistema carcelario arrastra una crisis crónica, que permanece irresuelta. En nuestra edición del jueves, informamos que los tres detenidos que se habían fugado de la comisaría 13°, no deberían haber estado alojados allí, sino en la cárcel de Villa Urquiza, hace ya unas semanas, porque ya se les había dictado la prisión preventiva.
La huida sucedió en medio de la crisis carcelaria provincial, a causa de la superpoblación de detenidos en las comisarías de la capital. Se estima que habría más de 950 presos procesados en las comisarías, pero ese número superaría los 1.300 si se tiene en cuenta los contraventores en las dependencias, cuando la capacidad es de unos 400.
El lunes, informamos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por tres años a causa de la sobrepoblación en las cárceles federales. Creó una comisión especial para elaborar políticas que puedan resolver el déficit habitacional en las prisiones, mejorar las condiciones de privación de la libertad e implementar medidas alternativas al encarcelamiento. La medida se extenderá a todo el país. Un funcionario de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación dijo que se busca evitar que la situación actual se agrave y anunció que se construirán nuevas unidades y se ampliará las ya existentes en distintas provincias, como Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires, pero no mencionó a Tucumán.
El Ministerio de Seguridad provincial expresó a través de una nota que se había pedido la construcción de una alcaldía federal, teniendo en cuenta que el servicio penitenciario provincial atiende a la Justicia ordinaria y federal, y recibe a todas las personas privadas de la libertad, producto de operativos de las fuerzas nacionales con asiento en la provincia.
Desde hace años, el sistema carcelario local viene haciendo agua. En 2015, la Corte Suprema de Justicia local hizo lugar a un hábeas corpus presentado por dos fiscales y emplazó al Gobierno a sacar a 200 detenidos en las comisarías. Dispuso tres fechas para que se efectuaran los traslados, y fijó un cronograma para las obras de remodelación en unidades del servicio penitenciario. Los policías ya no tendrían a su cargo la custodia de los detenidos.
En 2017, la Procuración Penitenciaria de la Nación señaló en un informe que la situación de los presidios de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí era grave. Se había observado in situ la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación de los reclusos, así como las pésimas condiciones materiales de alojamiento.
“Por el hacinamiento, presos quitaron el inodoro para poder dormir en el baño del calabozo. Los familiares de los arrestados de la comisaría de Alderetes dijeron que hasta una víbora se aparece en el sanitario”, informaba nuestra crónica del 18 de marzo. La falta de espacio es tan alarmante en Villa Urquiza que varios detenidos por causas federales fueron enviados a otras cárceles del país, como la de Resistencia, Chaco.
Hace años se viene advirtiendo el colapso del sistema, pero los gobernantes decidieron mirar hacia otro lado, en lugar de pensar en una solución definitiva o, por los menos, duradera, teniendo en cuenta el constante incremento del delito. Es hora de que se tomen decisiones al respecto que tengan además visión de futuro. Tucumán exporta citrus, arándano, entre otros productos. Será bochornoso si ahora se convierte en exportadora de presos.
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