Protestas por el aumento de la tarifa de la luz

La crisis económica está sofocando cada vez más los vapuleados bolsillos ciudadanos. El constante incremento de las tarifas está generando un estado de angustia en una buena parte de la sociedad, especialmente en los sectores de menos recursos y en aquellos que vienen recibiendo las últimas boletas con montos excesivos. El lunes, cientos de comprovincianos protestaron frente a sucursales de EDET, la empresa que provee de energía eléctrica a la provincia, en Monteros, Alberdi, Famaillá, Tafí Viejo, Bella Vista, Concepción, Banda de Río Salí, Los Ralos y en la central de San Miguel de Tucumán. Solicitaron la revisión de los montos a pagar en marzo, que las tarifas se retrotraigan al año pasado y una reducción del impuesto municipal que pagan por alumbrado y limpieza, en algunos casos.

En Monteros, los vecinos quemaron cubiertas y protagonizaron serios disturbios en el edificio de la empresa eléctrica. Indignado, un jubilado contó que debe pagar $7.000 de luz y él gana un poco más de $11.000. “No puede ser que por pagar la luz nos quedemos sin dinero para comer y comprar remedios”, se quejó. En Concepción, un vecino de Arcadia afirmó estar desesperado por no poder pagar el monto de $3.500 que le llegó de luz porque ya tenía refinanciado $11.500 de la anterior. “Somos una familia humilde con integrantes insulinodependientes. Si me quedo sin electricidad se me van a echar a perder los medicamentos”, aseguró.

“Tenía que elegir entre comer o pagar la luz. Hace meses que estoy a oscuras. Apenas llegué a pagar los $520 de seguro en la escuela, pero me piden que pague también unos $480 de ‘ayuda escolar’”, le dijo hace diez días a un periodista de nuestro diario una señora que vive en el barrio Los Vázquez. Su familia forma parte de las 5.309 que están bajo la línea de indigencia, según la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del primer semestre de 2018 en el conglomerado San Miguel de Tucumán-Tafí Viejo. Son 17.148 personas en situación de indigencia que carecen de recursos económicos para comer por mes.

En diciembre pasado, el Gobierno nacional suprimió la tarifa social y anunció un aumento de hasta el 35% en febrero, que está impactando con fuerza en marzo, y dijo que las futuras subas previstas hasta agosto, totalizarían un 55% para este año. De manera que se sabía con anticipación lo que iba a suceder, razón por la cual, tanto la Nación como la Provincia, debieron prever que estas situaciones que están llevando a un estado de zozobra a miles de ciudadanos podían ocurrir y proponer alternativas. “No pueden seguir aumentando la luz. Estamos llegando a un límite donde la gente ya no puede pagar más”, afirmó el gobernador, como si no hubiese sabido lo que se venía. Su ministro de Desarrollo Productivo dijo ayer que están analizando la posibilidad de aplicar una tarifa social con fondos provinciales.

Es comprensible el malestar social, pero la violencia nunca lleva a buen puerto. En este marco inflacionario y de retraso salarial, ¿qué soluciones le ofrece el Gobierno nacional a quienes no pueden pagar las tarifas, por ejemplo, a los jubilados que cobran el haber mínimo, ni siquiera refinanciando la deuda? Porque además no es el único impuesto que deben abonar con actualizaciones constantes. No puede permanecer insensible a las consecuencias de sus propias decisiones políticas. Una vez más, el ciudadano común es el más perjudicado por los yerros de sus gobernantes.