Trimarco fue llevada ante el juez, pero no se refirió a los $ 5,6 millones

Al final, Susana Trimarco se presentó compelida en el Juzgado Federal N°1. Gendarmería Nacional condujo a la presidenta de la Fundación María de los Ángeles ante el juez federal N°1, Daniel Bejas. La declaración indagatoria tuvo lugar ayer, 36 horas después de que el magistrado ordenara a la Policía que busque a la imputada y le prohibiese la salida del país. En la audiencia, la mamá de la víctima María de los Ángeles “Marita” Verón se abstuvo de dar su versión sobre los $ 5,6 millones (U$S 418.000 de finales de 2015) que le reclama el Estado nacional: su abogado luego dijo que desconocía la imputación. La activista antitrata usó el elevador interno reservado para los magistrados, trato de privilegio que le permitió esquivar a la prensa congregada en el pasillo.

Trimarco llegó en auto a los Tribunales alrededor de las 11.30. En una atmósfera hermética, ingresó por el garaje del subsuelo y esperó allí. En el ínterin, la Policía Federal intentó desalojar del segundo piso del edificio a los periodistas que habían acudido a cubrir el suceso. Hubo una situación de tensión con el subcomisario Miguel Ángel Graneros, quien sostuvo en forma verbal que el Juzgado N°1 había prohibido la permanencia de la prensa. Ante la resistencia a abandonar las dependencias de Congreso y Las Piedras, Graneros se dirigió a la Secretaría Penal para definir el operativo. El subcomisario salió de allí con un papel en la mano donde supuestamente constaba la autorización para expulsar a los cronistas, pero se rehusó a exhibirla. Como la puja continuaba, el policía federal optó por bloquear los accesos: colocó a cuatro agentes en cada lado.

Explicación pendiente

Blindada como los poderosos, Trimarco permaneció a salvo de las preguntas y de las cámaras. Nadie la vio entrar ni salir de la Justicia Federal. No tuvieron la misma suerte el camarero imputado y sus familiares que este jueves fueron al Juzgado de Bejas con la compañía del defensor oficial Adolfo Bertini.

La audiencia ocurrió en el despacho del magistrado N°1, y en ella participaron, además de Bejas y de Trimarco, la secretaria Marcela Cabrera, el funcionario José Manuel Díaz Vélez, que intervino con el rol de fiscal federal N°1 subrogante; y los defensores Betina Laguna y Carlos Garmendia. Según trascendió, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles manifestó que ella no había estado escondiéndose ni pensaba evadirse de la Justicia. A continuación, Bejas le explicó que la investigaban por una supuesta defraudación al Estado nacional cometida con fondos públicos que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le había entregado días antes de dejar la Casa Rosada.

Si bien Trimarco guardó silencio, Garmendia anunció luego, en una rueda de prensa improvisada, que la titular de la ONG con proyección internacional iba a regresar al Juzgado N°1 a brindar una explicación y a presentar pruebas. Ello recién sucedería a comienzos de abril, cuando se reintegre el fiscal Carlos Brito. Durante la semana próxima el proceso estará en manos del fiscal federal general Gustavo Gómez, que, por una licencia, se perdió la indagatoria de Trimarco; de Gastón Robles, quien era secretario de la Fundación y declaró el miércoles, y de Alicia Trimarco, tesorera y prima de la presidenta, que debe comparecer hoy.

“Por toda esta cuestión mediática que se gestó alrededor de si estaba detenida, o con pedido de captura internacional o galáctica, Susana se comunicó el miércoles con el jefe de Gendarmería de Córdoba y le dijo que estaba en su casa. Luego este fue a buscarla y juntos vinieron a Tucumán”, relató Garmendia. El abogado agregó que el acto ordenado por el juez había sido cumplido y que, por lo tanto, quedaba sin efecto la prohibición de viajar al extranjero. “Queremos estudiar el expediente: ver cuál es la acusación y en qué pruebas está sustentada. Por eso lo que hicimos es presentarnos, y hacer la designación de defensores, que por ahora somos Laguna y yo. En la próxima audiencia se sumará José D’Antona. Susana ofrecerá allí la explicación completa que corresponde. Hoy desconocemos lo que hay en la causa: sólo sabemos lo que contó la prensa. Obviamente ella no cometió ningún delito”, reiteró y negó que Trimarco haya pedido el operativo de seguridad desplegado en el Juzgado.

Las indagatorias desarrolladas esta semana habían sido pedidas por Brito hace casi un año. El caso estuvo frenado porque, tras recibir el requerimiento, Bejas se declaró incompetente y remitió el proceso a su par N°2, Fernando Luis Poviña, que a su vez se lo devolvió. En febrero, el camarista federal subrogante Hernán Frías Silva (h) resolvió que la causa prosiga en la esfera de Bejas.

El origen del expediente se remonta a un control que la administración de Mauricio Macri practicó respecto del dinero que Trimarco había recibido para hacer obras edilicias. Brito manifestó que intervinieron en esta transferencia el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario José López -ambos están presos por causas de corrupción-. Según el fiscal, las construcciones no existen ni el dinero fue reintegrado, pese a las intimaciones dirigidas con ese fin a la Fundación María de los Ángeles.