La UCR espera que Servini comunique la intervención

La Unión Cívica Radical tucumana vive por estas horas una carrera contra el reloj. Por un carril corren los sectores que han propiciado la intervención del distrito. Por el otro, los miembros de la Lista Roja, quienes se reivindican como la única nómina inscripta antes de que vencieran los plazos y, por tanto, reclaman ser reconocidos como las autoridades partidarias.

El comité nacional de la UCR, tal como informó ayer LA GACETA, dispuso el martes la intervención del distrito hasta el 31 de marzo de 2020. Al frente del centenario partido puso al concejal capitalino José “Lucho” Argañaraz, le encomendó que conforme un frente electoral, suspendió el proceso de internas en marcha (llamó a los afiliados a votar dentro de dos domingos) y que posponga la normalización para después de las elecciones provinciales (serán el 9 de junio) y de las nacionales (habrá PASO el 11 de agosto, presidenciales el 27 de octubre y, eventualmente, balotaje el 24 de noviembre).

Esa decisión fue comunicada ayer a la jueza nacional electoral, María Romilda Servini de Cubría. Ella, a su vez, debe notificarla al radicalismo tucumano. En la casona de Catamarca 851 esperan ansiosamente que se formalice esa comunicación. Con esa documentación en mano, Argañaraz debe presentarse ante el juzgado federal con competencia electoral para Tucumán, a cargo de Daniel Bejas, y en ese acto asumir plenas funciones de representación partidaria. La intervención votada por el comité nacional es total y le da todas las facultades a Argañaraz.

“Fui designado por la UCR nacional como interventor de mi partido en Tucumán. A todos los radicales nos esperan grandes desafíos para construir juntos una alternativa de gobierno para cambiar nuestra provincia”, posteó ayer Argañaraz, en Twitter.

“Desobediencia judicial”

En paralelo, los miembros de la Lista Roja solicitaron ayer a la junta electoral radical que proclame a sus candidatos como autoridades consagradas del distrito. Entre los miembros de la nómina se encuentran los legisladores Ariel García, Raúl Albarracín y Fernando Valdez, la diputada nacional Teresita Villavicencio y el intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar.

Específicamente, plantean que el juez Bejas (como también consignó ayer este diario) ha resuelto que el cronograma electoral interno está firme. Por ende, sostienen que el pasado miércoles 13 venció el plazo para inscribir listas, las cuales podían ser objetadas hasta el viernes siguiente. “Las listas no observadas por la junta electoral o por cualquier afiliado, dentro de las 48 horas de su presentación, quedarán de hecho aprobadas”, remarcaron, citando el artículo 70 de la carta orgánica partidaria.

A la vez, insistieron con que la Lista Roja es la única presentada “en tiempo y forma”. Luego citaron el pronunciamiento de Bejas: “Los plazos del calendario electoral actúan como exclusas: producido su vencimiento no pueden reabrirse, atento a las exigencias del cronograma”. Consecuentemente, demandaron que, “sin más trámite, se proceda a la proclamación de los únicos candidatos propuestos, bajo apercibimiento de iniciar una demanda por desobediencia judicial”.