El secretario de la Fundación dijo que no manejaba dinero

Gastón Robles quedó imputado en la investigación de una supuesta defraudación al Estado nacional por su condición de secretario de la Fundación María de los Ángeles. Ayer, al prestar declaración indagatoria ante el juez federal N°1, Daniel Bejas, y el fiscal federal subrogante N°1, José Manuel Díaz Vélez, Robles negó los supuestos hechos ilícitos que le atribuyen y manifestó que él no manejaba los fondos de la organización no gubernamental dedicada a asistir a las víctimas de la trata. Está previsto que mañana comparezca Alicia Trimarco, tesorera, y prima de la presidenta y también imputada Susana Trimarco. La fundadora podría ser indagada en cualquier momento puesto que la Policía tiene orden de buscarla y de llevarla al Juzgado, pese a que esa decisión de Bejas fue impugnada ayer (se informa por separado).

Robles acudió a la audiencia junto al abogado Ricardo Santoro. Fuentes judiciales comentaron que el imputado adjuntó documentación y que lo interrogaron sobre su participación en la confección de los balances: al respecto, habría respondido que nunca había firmado ningún análisis de activos y pasivos de la ONG.

La administración de Mauricio Macri inició este proceso para esclarecer el destino del anticipo de $ 5,6 millones (U$S 418.000) que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entonces a cargo de Julio De Vido entregó a Trimarco. En un acuerdo firmado en noviembre de 2015, días antes del balotaje de aquel año, el Gobierno kirchnerista se comprometió a transferir $ 22,5 millones (U$S 1,7 millón) a la ONG antitrata para que esta hiciera obras en la propiedad del ex Hospital Militar de San Miguel de Tucumán y remodelara un jardín de infantes.

En junio de 2018, el fiscal federal N°1, Carlos Brito, dijo que José López, entonces secretario de De Vido -ambos están presos por causas de corrupción-, ratificó el convenio con la Fundación María de los Ángeles y que el Ministerio remitió el anticipo del 25% el 4 de diciembre de 2015, días antes de que asumiera Macri. En 2017, la cartera del ministro Rogelio Frigerio detectó que las obras no habían empezado y que el inmueble estaba abandonado. La Nación exigió a Trimarco el reintegro del dinero, pero, según el dictamen de Brito, ello no aconteció. En comentarios a la prensa, Trimarco reivindicó su inocencia.