19 Marzo 2019
ERA TESTIGO PROTEGIDO. Medina fue asesinado en 2017 en Villa Urquiza. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA (ARCHIVO)
“Las autoridades judiciales sabían perfectamente lo que había pasado”, expresó José Cisterna. Walter Patto. Agregó: “los del juzgado de Ejecución y Sentencia actuaron mal y, para protegerlos a ellos, actuaron en nuestra contra”. Son dos de los cuatro acusados por el crimen de Fernando Medina, el recluso que fue asesinado en el penal de Villa Urquiza por haber denunciado a los guardicárceles de obligarlo a vender droga.
Ambos funcionarios del Sistema Penitenciario no ocultan su indignación. Estuvieron 11 meses detenidos por este caso. “La fiscala (Adriana) Giannoni nos acusó de haber realizado maniobras para facilitar que se cometiera ese crimen. Pero no estábamos al tanto de que Medina era un testigo protegido”, explicaron.
La víctima, después de denunciar el tráfico de drogas, por orden del juez Roberto Guyot, tras el pedido del fiscal federal Pablo Camuña, fue traslado junto con un compañero a la Seccional 7ª para que estén protegidos. El domingo 19 de noviembre de 2017, Medina y el otro testigo fueron trasladados nuevamente al penal de Villa Urquiza, sin autorización legal, según consta en el expediente. Dos días después, el joven de 31 años fue ultimado por Alejandro Sebastián Mendoza.
Por este hecho, fueron imputados, el ex director del Servicio Penitenciario Guillermo Snaider, Cisterna, Patto y Claudio González.
“No hubo ningún traslado ilegal. Se produjo un motín y por cuestiones de seguridad, se pidió autorización de traslado a la secretaria María Nazaret Rodríguez Ponce de León, y ella lo aprobó”, explicó Cisterna.
La funcionaria manifestó ante Giannoni que existió una comunicación y fue para que no lo trasladaran. “En los informes telefónicos aparecen que se hicieron dos llamados. Ellos mienten”, señaló María Natalia García Salemi, la defensora de los dos acusados.
Los investigadores sostuvieron que Cisterna ni Patto no protegieron a Medina cuando llegó al penal de Villa Urquiza. “Nunca nos dijeron que ese recluso tenía medidas de protección. Eso no es error nuestro, sino del director Snaider que nunca nos comunicó sobre esa orden”, destacó Cisterna.
“Hay otra realidad. Desde la Justicia nos quieren responsabilizar por ese crimen para cubrirse sus propios errores. Enviamos las comunicaciones el martes 21 de noviembre porque el lunes 20 era feriado”, hizo hincapié.
“Los familiares fueron el martes y no les dijeron nada. Insistieron el miércoles y tampoco. Ahí lo matan, pero fue por culpa nuestra”, indicó Patto.
Drogas
Los dos sospechosos, en la entrevista con LA GACETA, indicaron que ellos nunca fueron acusados por Medina por la venta de droga. “Cómo podríamos haber ordenado la muerte de Medina si ni sabíamos que nos había denunciado. Es más, eso se dice, pero no hay nada concreto”, comentó Cisterna.
En el expediente oficial, la funcionaria judicial declaró que ella sí sabía que había una denuncia en contra de varios miembros del Servicio Penitenciario, entre los que aparecen los entrevistados. También reconoció que se había ordenado al director Snaider que tomara todas las medidas pertinentes para que se protegiera a los denunciantes.
Cisterna y Patto eran jefes de las Unidades 1 y 2 y 9, respectivamente, por lo que deberían haber sido informados del fallo judicial. “Nunca nos avisaron”, insistió Patto.
“Lo que pasa es que la gente se confunde. Muchas veces los reclusos denuncian al personal penitenciario para sacar provecho de la situación”, señaló Cisterna.
“No vamos a negar que hay drogas en el penal, pero son los familiares de los detenidos quienes la pasan hasta en los pañales de los hijos. También es cierto que hubo casos en los que estuvieron involucrados guardiacárceles, pero fuimos nosotros los que los detuvimos y los entregamos a la Justicia”, concluyó Patto.
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