Una jueza manda a juicio a un ex fiscal por supuesta extorsión

Hay pruebas suficientes de que el ex fiscal Guillermo Herrera habría extorsionado y privado ilegítimamente de la libertad al ejecutivo Jorge Cosentino en un allanamiento de la firma Cofin SA practicado en 2014, según Carolina Ballesteros, jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital. En consecuencia, Ballesteros autorizó el juicio oral del ex titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°10 de esta capital que había requerido el fiscal Diego López Ávila (N°4) en agosto del año pasado. Herrera se había opuesto al enjuiciamiento y había solicitado su sobreseimiento (se informa por separado). El caso recién subirá a la Cámara Penal si la resolución de Ballesteros queda firme.

Los presuntos hechos ilícitos imputados a Herrera están ligados a la polémica que lo llevó a renunciar a su cargo en 2015 para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Su par López Ávila constató que, en el ámbito de la investigación de una serie de denuncias de estafa atribuidas a Jorge Rigourd, propietario de Cofin SA, su ex par habría exigido a Cosentino la entrega de $ 90.000 (U$S 10.600 según la cotización de aquella época) a cambio de no llevarlo detenido. Cosentino, que estaba en las oficinas de la calle San Martín 610 de esta ciudad cuando Herrera ingresó para dirigir el allanamiento, habría permanecido esposado hasta que el dinero exigido fue entregado a María José Posse Bruhl, en el domicilio de esta. Distintas versiones consignan que el ex fiscal habría dicho que Posse Bruhl era su sobrina.

En la resolución que firmó el 7 de marzo, la jueza Ballesteros citó el fragmento del requerimiento de López Ávila que acusa a Herrera de haberse aprovechado de su investidura y poder para obtener ventajas indebidas de parte de Cosentino. El fiscal N°4 manifestó que en cuestión de horas y siempre bajo la vigilancia de Herrera, el ejecutivo de Cofin SA consiguió los fondos (U$S 6.000 y $ 6.000): “a continuación, el imputado hizo que le quitaran las esposas a Cosentino y este luego fue trasladado con la custodia policial del agente Daniel Oscar Robles (en ese entonces oficial principal de las fuerzas policiales) hacia la casa de Posse Bruhl sita en Crisóstomo Álvarez 849 de esta ciudad”. Ballesteros consignó la siguiente conclusión de López Ávila: “Herrera actuó sobre la voluntad de Cosentino para obligarlo a efectuar una disposición patrimonial por haberlo privado de su libertad ambulatoria y haberle colocado una consigna policial permanente. En todo momento le provocó un temor grave e injusto porque le decía que, si no hacía lo que le exigía, quedaría preso”.

Patrón de conducta

Esta acusación contra Herrera se funda, entre otras pruebas, en registros audiovisuales, en las declaraciones de los testigos del allanamiento y en la denuncia que, a posteriori de estos acontecimientos, presentó el Colegio de Abogados de la Capital que presidía Francisco García Posse. Ballesteros dijo que habría motivos para sustentar la imputación, por lo que precedía elevar el expediente a juicio oral. La jueza N°5 recordó que todo empezó con la sospecha de que existía un patrón de conducta que se basaba en recibir y tramitar denuncias relativas a conflictos entre particulares que tenían una evidente naturaleza civil. Esa hipótesis advertía una hiperactividad en el Ministerio Público Fiscal orientada a la adopción de medidas no relacionadas con la investigación en sí y que el interés finalizaba cuando los particulares llegaban a un acuerdo que pusiera fin a sus diferencias patrimoniales, momento en el que cesaba abruptamente la actuación de la Fiscalía. En algunos casos, el fiscal interviniente llegaba a requerir hasta el sobreseimiento de los imputados.

Una actuación similar a la acreditada respecto de Cosentino había llevado a López Ávila a solicitar que Herrera también fuese juzgado por el secuestro sin autorización judicial y la disposición de $ 758.700 (U$S 90.000 según la cotización de 2014) encontrados en las oficinas de Ángel Victoriano Pérez. También firmado en agosto, ese requerimiento de juicio oral había ingresado al Juzgado N°3, que encabeza Juan Francisco Pisa.

Como un ciudadano más

Herrera podría convertirse en el segundo fiscal de Instrucción en lo Penal de la provincia que se siente en la silla de los acusados. Carlos Albaca, quien también accedió a una jubilación con el 82% móvil en condiciones escandalosas, será el primero: deberá rendir cuentas por su desempeño en la investigación del crimen de Paulina Lebbos ante la Sala I de la Cámara Penal. El juicio oral comenzaría a mediados de este año.

Herrera, quien llegó a su cargo en 2004 en virtud de una designación discrecional del ex gobernador José Alperovich, había sido denunciado en 2015 por los supuestos excesos que habría cometido al investigar las causas “Teves”, “Jorrat”, “Rigourd (Consentino)” y “Valdez”. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción desglosó las presentaciones y las respectivas causas tuvieron suerte dispar. Según trascendió, sólo habrían prosperado las investigaciones promovidas por López Ávila.

Las objeciones formuladas por el Colegio de Abogados de García Posse y otros denunciantes a la labor de Herrera derivaron en una crisis institucional. Sucede que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó la auditoría de las causas cuestionadas, acto que desató una tensión sin precedentes con el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez. Luego de una disputa por el control de los expedientes, los auditores del alto tribunal confirmaron la existencia de anomalías que respaldarían las denuncias contra el entonces titular de la Fiscalía N°10. Antes de que la instructora del sumario administrativo, la ex fiscala Juana Prieto de Sólimo, formulara cargos, Herrera dimitió para jubilarse alegando problemas de salud. Esa desvinculación del Poder Judicial dejó sin efecto la pesquisa interna de Prieto de Sólimo y clausuró los riesgos de destitución, pero el ex fiscal perdió sus fueros y pasó a ser investigado como un ciudadano más por la institución que había integrado hasta septiembre de 2015.