La capacidad de las comisarías es de 380, pero hay más de 1.000 alojados

Desde hace casi cuatro años que los tres poderes del Estado atienden la crisis carcelaria. Pero nada ha cambiado. Empeoró. Actualmente, según los informes oficiales, hay más de 1.000 detenidos en las comisarías de la provincia, cuando los calabozos tienen capacidad para 380 personas.

En 2015, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un hábeas corpus para los presos, policías y vecinos de las comisarías que alojaban a unos 700 detenidos. En 2016, el máximo tribunal de la provincia aceptó el planteo e intimó al Gobierno a resolver el problema.

Con Regino Amado como ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, se construyó un pabellón nuevo en Villa Urquiza y fracasó en su intento para que la Nación construyera una nueva cárcel en la provincia, iniciativa que fue acompañada por legisladores oficialistas y opositores. En 2017, la Corte estimó que había poco más de 400 personas alojadas en dependencias policiales.

El año de los anuncios

En 2018 fue el año de los anuncios de grandes proyectos. El ministro Claudio Maley, que reemplazó a Amado en el área de Seguridad, en los dos informes presentados a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad, anunció la construcción de un nuevo penal en la localidad de Benjamín Paz, pero nunca indicó cuándo se iniciarían las obras. También comenzaron los trabajos en el penal de Villa Urquiza. La construcción de un nuevo pabellón podría paliar la crisis, pero no será una solución definitiva.

Héctor Monayer, representante de del Ministerio de Seguridad de la Nación en la provincia y la senadora y ahora candidata a gobernadora Silvia Elías de Pérez dijeron que desde Casa Rosada se haría una alcaldía en los terrenos de los ex Arsenales, pero tampoco se avanzó porque, supuestamente, no hay autorización judicial para iniciar las obras en el predio que está preservado por causas de lesa humanidad.

Hasta se pensó utilizar los pabellones del ex Hospital Militar, pero no se realizaron las gestiones necesarias y esos edificios serán ocupados para otros fines. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) cedió a la Municipalidad capitalina el predio que tiene unas tres hectáreas, seis naves y 4.000 metros cuadrados cubiertos para que funcionen reparticiones. Allí también comenzará a trabajar la Asociación Protectora de Paralíticos Cerebrales Tucumán (Appacet)

Ante la falta de soluciones, el problema se agravó. El año pasado, según los registros de la Corte, la población de detenidos en comisaría llegó a 800 y, actualmente, supera los 950, pero llegarían a más de 1.100 si se cuentan los arrestados por contravenciones. Es decir, se supera en un 50% el número que cuando se presentó el hábeas corpus. La capacidad de alojamiento de las comisarías es de 380 personas.

Polémica

“La gravísima crisis carcelaria de la provincia obedece esencialmente a que el Gobierno no tiene ni le interesa tener una política en esa materia. No tiene un plan para abordar el problema”, aseguró el legislador Eudoro Aráoz, quien semanas atrás denunció las pésimas condiciones en las que se encontraban los detenidos en la Seccional 9° y pidió explicaciones por la sanción que sufrieron los policías de esa dependencia que le permitieron dar a conocer la situación. “Cuando la Corte Suprema de Justicia de la provincia lo exhortó a hacer un plan destinado a empezar a resolver la situación carcelaria la desobedeció. Más aún, se molestó y le imputó que su accionar podía afectar la división de poderes y las facultades propias del PE, colocándose por encima de la ley”, agregó el parlamentario.  Aráoz, molesto, arremetió con más cuestionamientos: “el Gobierno no investigó ni trato de frenar la corrupción que involucra a personal del Servicio Penitenciario. Tampoco le interesa solucionar el problema que provoca en el accionar de la fuerza policial que tiene que destinar hombres para cuidar mínimamente a los detenidos en comisarías no aptas para ello”.

“Por eso se fugan los detenidos, lo que  genera más inseguridad, situación que le costó la vida de un policía hace pocos días. El sistema carcelario está colapsado y contribuye a agravar la situación de inseguridad que padecen los ciudadanos”, concluyó.