Por Martín Soto
15 Marzo 2019
La iniciativa fue presentada por el presidente de la Corte y de la Junta, Daniel Posse.
La Junta Electoral Provincial (JEP) confirmó que convocará a veedores nacionales y extranjeros para los comicios del 9 de junio, en los que se renovarán todas las autoridades tucumanas. La decisión es clara: que la votación sea lo más transparente posible para evitar otro escándalo político, social y judicial como el ocurrido en 2015.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la Corte y de la Junta, Daniel Posse. De manera oficial se indicó que los veedores citados serán de organizaciones “de probado reconocimiento e idoneidad”. Ahora deben resolver a qué entidades convocan.
“Creo que el pueblo tucumano necesita la mejor elección posible. Tiene que ser un proceso absolutamente transparente y probablemente no la demos los tres integrantes de la Junta. Por distintos motivos pueden cuestionar nuestras figuras”, había anticipado Posse en una entrevista con este diario al anunciar que solicitaría veedores ajenos a la provincia.
El legislador radical José Canelada celebró la decisión, aunque señaló que espera que no sea una “falsa promesa” para calmar a la oposición, que manifestó sus dudas respecto a la imparcialidad de la Junta para arbitrar los comicios provinciales.
El tribunal que coordina la votación, completado por Edmundo Jiménez (ministro Fiscal) y Washington Navarro Dávila (ministro de Defensa), también ratificó que las autoridades de mesa serán docentes -del ámbito público o privado- que expresen la voluntad de participar, tal como lo fija la Ley N° 9.163. “Los integrantes de la Junta comunicaron la decisión al Ministerio de Educación para que instrumente un registro de quienes estén dispuestos a encarar la tarea. La labor será retribuida como lo prevé la legislación para cada elección”, dijo el vocero del JEP, Carlos Amaya.
En caso de que la nómina de maestros inscriptos sea insuficiente (se necesitan unos 7.000, entre presidentes y suplentes), se convocará a aquellos ciudadanos que fueron autoridades de mesa en elecciones previas, principalmente en las legislativas de 2017.
Presupuesto y auditoría
El adelantamiento de la votación para el 9 de junio acortó los plazos del cronograma electoral (se informa por aparte) y aceleró el trabajo en la Junta, que se encuentra casi en sesión permanente. Uno de los puntos importantes a definir en el corto plazo es el presupuesto que tendrán disponible en esta votación.
Amaya indicó que en la última reunión se estableció que los costos serán equivalentes al de las elecciones provinciales de 2015 (unos $ 56 millones), al que “se le agregarán los valores resultantes de los cálculos inflacionarios registrados desde entonces hasta ahora”. En consecuencia, se estima que el presupuesto rondará los $ 150 millones. “El objetivo es cubrir todos los gastos que implica el proceso electoral para que se realice con total normalidad”, agregó el vocero. Además, informó que los miembros de la Junta dispusieron también contratar una auditoría contable externa, además de los controles que por la legislación vigente realizan los organismos oficiales de contralor.
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