Surgieron otros dos sospechosos del asesinato de Paulina Lebbos

El homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006, quedó impune tras la absolución de Roberto Luis Gómez, el único acusado de ese delito durante el histórico juicio oral que duró un año. Ayer, los jueces de la Sala III, Carlos Caramuti (presidente), Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, dieron a conocer los fundamentos del fallo, que liberó de culpa y cargo al electricista de San Andrés por el secuestro y el asesinato de la joven tucumana, pero condenó a los ex jefes de la Policía a entre cinco y seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por varios años.

El Tribunal, sin embargo, remitió al fiscal Diego López Ávila el inicio de investigaciones respecto de cuatro hombres, para determinar si tuvieron alguna participación en el crimen, o si lo perpetraron. El planteo alcanza a Sergio Kaleñuk (hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado de José Alperovich); a César Soto (ex pareja de la víctima); a Ernesto Atim (era empleado de una agencia de telefonía móvil); y a Esteban Gómez (hermano de Roberto). Estas medidas abren nuevas líneas de investigación para revertir el hecho de que “el o los homicidas de Paulina sigan libres”, como machaca Alberto Lebbos, padre de la estudiante universitaria, mientras el tiempo y la prescripción condicionan varios casos.

Llamados y chips

En los fundamentos de la sentencia, los magistrados de la Sala III sumaron a Atim y Gómez a la lista de sospechosos de haber cometido o participado en el crimen. Ambos aparecieron en la resolución aclaratoria de más de 1.500 páginas, no así en el fallo del 25 de febrero.

Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006, tras salir de un boliche de la zona de El Abasto, en la capital. Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo a la vera de la ruta 341, en Tapia. Según la autopsia, la causa de muerte fue “asfixia mecánica por estrangulamiento manual”.

De acuerdo con las explicaciones de los jueces, se ordenaron las actuaciones para poder determinar si existía algún círculo entre los Gómez y Atim, quien podía acceder a líneas de teléfonos móviles. Una de las hipótesis es que el empleado de la telefónica haya vendido un chip terminado en “5945” a Roberto (ver nota aparte), a su hermano Esteban o a algún pariente de ellos.

A partir de la última llamada registrada desde la línea de celular de Paulina, vinculada al IMEI (o identificación del celular) terminado en “695”, se insertó el número finalizado en “5945”, que fue utilizado aparentemente por Esteban Gómez una hora después (a las 11.41). Una hora más tarde, a las 12.42, se habría insertado el número terminado en “657”, reconocido por el acusado Roberto Gómez.

Los jueces plantea que esa hora de diferencia es muy poco margen de tiempo como para pretender que los portadores de los chips terminados en “5945” y “657” no hayan tenido vínculo alguno con quien obtuvo el teléfono de Paulina, o con el o los autores del asesinato, o inclusive con la propia Paulina. Por ello, hay sospechas de que Atim o Maximiliano Gallardo (también figura entre las personas que habría insertado un chip en el celular y será investigado por encubrimiento) hayan usado el teléfono hasta antes del mediodía.

Sergio Kaleñuk será investigado por posible autoría o participación en el homicidio de Paulina, ya que, entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de febrero de 2006, mantuvo numerosas comunicaciones telefónicas: el domingo, una de las líneas asignadas a Kaleñuk registró 172 contactos. Las llamadas aumentaron a partir de las 6 con funcionarios del gobierno de José Alperovich, como el subjefe de Policía, Nicolás Barrera; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Oscar Di Lella, y la Subjefatura policial.

Durante el proceso oral surgió que ninguno de los relatos de quienes habrían visto o estado con Kaleñuk el 26 por la mañana en Central Córdoba, vendiendo entradas para un partido de San Martín, fueron coincidentes entre sí. “Ninguno pudo aseverar, sin lugar a dudas, haber estado con Sergio Kaleñuk, así como haber permanecido con él durante la mañana del 26 de febrero en Central Córdoba, tal como refirió él”, explican los fundamentos.

Ascenso complicado

El actual subsecretario de Seguridad de la Provincia, José Ardiles, será investigado por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público ante su aparente participación en la resolución que permitió el “ilegitimo” ascenso del ex comisario de Raco Enrique García, condenado por la falsificación de actas.

Las argumentaciones

Eduardo Di Lella
Trató de mover el cuerpo antes de las pericias
Según los fundamentos, Eduardo Di Lella, condenado a seis años de prisión por encubrimiento, procuró que el cadáver de Paulina Lebbos fuera trasladado el 11 de marzo, de Tapia a la Morgue Judicial, antes de que se realizaran las pericias técnico-científicas sobre el cuerpo y el lugar. El arribo del fiscal Alejandro Noguera al lugar impidió esa posibilidad. Se probó que había existido la reunión en su domicilio familiar de veraneo en la localidad de Raco, el 26 de febrero de 2006. En ese encuentro habían participado otras autoridades, como Hugo Sánchez. Ese día, Paulina desapareció. Además, se comprobó que Di Lella intervino en la contratación de los comisarios retirados para colaborar con la investigación, pero que terminó entorpeciendo la causa. “Sentencia injusta que condena a un inocente”, manifestó el ex secretario de Seguridad ayer, al salir de la sala de juicio.

Hugo Sánchez
Fue condenado por encubrimiento
Hugo Sánchez, con condena a seis años de prisión, ordenó a Héctor Rubén Brito (otro condenado) que se encargara de la redacción del acta del hallazgo. Como se había ya acordado entre los imputados, se iba a falsear la realidad: se describió un rastrillaje policial que había derivado en el descubrimiento del cadáver de Paulina  en la ruta 341. Luego se supo que los hermanos Sergio Luján y Marcelo Adrián Goitea habían encontrado el cuerpo sin vida. Además, se comprobó que a través de diversos actos se encargó de beneficiar al ex comisario Enrique Antonio García. En la sentencia quedó signada que pese a la reprobable conducta de este último, la intención fue beneficiarlo con el interés del acusado en lograr que García mantuviera silencio respecto a la intervención de Sánchez en el hecho. Ayer, el ex jefe de Policía se mostró molesto y habría dicho que la sentencia era “injusta”.

Nicolás Barrera
Condenado a cinco años y seis meses
“No tengo confianza en esta Justicia”, dijo Nicolás Barrera ayer, al retirarse esposado de la sala. “Estoy cumpliendo la condena no bajo un sistema no carcelario, pero sí bajo el régimen de vigilancia, como la Justicia lo ha establecido”, enfatizó. Barrera finalizó su contrato con el abogado Gustavo Carlino y estuvo representado por un defensor público. El ex subjefe de Policía había tenido un misión especial el día del hallazgo del cuerpo, en Tapia. Le dijo, según los fundamentos, al ex comisario Enrique García: “al cuerpo lo has encontrado vos y tu gente”. También intentó favorecer a García para que no relatara los verdaderos hechos, luego de que éste fuera privado de la libertad. Visitó al ex jefe de Raco en el lugar de detención y redactó una nota para incidir en la reincorporación. Se presentó en Tribunales sin haber sido convocado, en momentos en que García se encontraba para declarar.

Héctor Rubén Brito
Su participación en la elaboración del acta
Héctor Rubén Brito, penado a cinco años de prisión por encubrimiento, debía cumplir con la indicación de Hugo Sánchez y presentarse en la comisaría Raco la noche del 11 de marzo de 2006. Hasta la madrugada del 12 de marzo redactó junto a Enrique García el acta de procedimiento del hallazgo del cadáver de Paulina Lebbos. Se falseó lo realmente sucedido en ese documento, suprimiendo la verdadera intervención de los hermanos Goitea y atribuyendo el hallazgo del cadáver de la joven al personal policial de Raco. De acuerdo con el acta, se habían efectuado rastrillajes por varias zonas. El ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN) envió también al oficial Francisco Vicente Picón (renunció como subjefe de la Policía hace dos semanas) a concluir su tarea, luego de saber que ya era conocida la intervención de los vaquéanos.

Waldino Rodríguez
Falsificó un acta pero no encubrió el crimen
Se probó que Waldino Rodríguez, condenado a tres años de prisión condicional (debe realizar tareas comunitarias), no participó del acuerdo inicial entre los imputados Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez, Nicolás Barrera y Héctor Brito. Es decir, no compartió con ellos el objetivo final de encubrimiento. Se determinó, en cambio, que sí intervino en la falsificación de la acta de procedimiento del 11 de marzo de 2006, labrada en la comisaría Raco por el imputado Brito y el condenado Enrique García. Esa participación consistió en haber rubricado el documento de referencia durante la mañana del 13 de marzo de ese año. De esa forma, le otorgaría mayor veracidad, sabiendo que su contenido era mendaz y que podía perjudicar la investigación del homicidio, según el fallo. “Voy a leer los fundamentos y presentaré (recurso de) casación con mi abogado”, dijo ayer.

Roberto Gómez
Será investigado por posible encubrimiento
En el juicio quedó demostrado que Roberto Gómez, imputado por el homicidio y luego absuelto, tuvo en su poder el celular que Paulina Lebbos había usado hasta su desaparición. Sin embargo, para el Tribunal no se pudo comprobar con certeza su intervención en el hecho. Gómez insertó en el aparato de la víctima su chip a partir del 26 de febrero de 2006, aunque no hubo pruebas suficientes para determinar que haya tenido una participación directa en la privación de la libertad y posteriormente asfixiada manualmente hasta morir. La Sala III ordenó que sea investigado por posible encubrimiento. Su hermano, Esteban, será investigado por posible participación en el crimen de la joven. “Así como las condenas no son firmes, las absoluciones tampoco. Veremos si los acusadores cuestionan la absolución de Roberto”, expresó ayer el defensor Macario Santamarina.

Los otros señalados

- José Alperovich, actual senador nacional, será investigado por los delitos de encubrimiento, y/o abuso de autoridad, y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y/o falsedad ideológica. Está vinculado al ascenso “ilegítimo” de Enrique García y a la contratación de los comisarios retirados para la investigación.  
- Entre otros más de 30 personas, el ex ministro de Seguridad, Mario López Herrera, será investigado por probables abuso de autoridad, y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y/o falsedad ideológica, y/o otros ilícitos.
- También Jimena Fabiana Mercado, por la posible comisión del delito de falso testimonio.
- Al ex jefe de Policía Científica, Fernando Vázquez Carranza, por aparente comisión de los delitos de encubrimiento y/o falso testimonio.
- Antonio Maximiliano Gallardo, por encubrimiento.
- La bioquímica Lilia Amelia Moyano, por posible delito de encubrimiento.
- Segundo Marcial Escobar, por probable encubrimiento, y/o falso testimonio.
- Alfredo Gerardo Jiménez: delitos de encubrimiento, y/o falso testimonio.
- Fernando Maruf, por presunto encubrimiento y/o incumplimiento de deberes de funcionario público.
- A la lista se suman, los ex jefes de Policía, José Díaz y Jorge Herminio Racedo; y Margarita de Fátima Gómez (ex jefa de la Letrada), entre varios más.

No se trató del único caso que haya vinculado a una autoridad actual del área de seguridad de la provincia. El Tribunal, en su fallo resolutivo, había ordenado en febrero el inicio de una causa contra Francisco Picón por posible incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público. Ese mismo día, Picón renunció a su cargo de subjefe de Policía.