“Por todo lo que sucedió, habrá más casos ‘Lucía’ en el futuro”

El matrimonio de ginecólogos que conforman José Gijena y Cecilia Ousset pendula entre el pesimismo y el reclamo: esta oscilación ocurre mientras cae la lluvia y arrecian las críticas. Sectores favorables y contrarios a la interrupción legal del embarazo los cuestionan por la cesárea practicada a la niña de 11 años que había sido víctima de una violación. Esa intervención quirúrgica sucedió en condiciones de altísima sensibilidad, que perduraron en los días subsiguientes por denuncias; desmentidos; protestas callejeras; repercusión en la prensa nacional y extranjera, y un aluvión de pronunciamientos. El llamado caso “Lucía” impactó en el corazón del Día Internacional de la Mujer puesto que a las 15.30 de este 8 de marzo murió la recién nacida: concluyó así el ciclo extrauterino que había comenzado en la cirugía que ejecutó Gijena con la asistencia de Ousset.

Sentados del mismo lado de la mesa de un café de Barrio Norte, los médicos reinvidican el papel que cumplieron en esta historia, pero a la vez expresan inquietudes y malestares. Recuerdan que ellos trabajan en forma particular, y que fueron convocados por Gustavo Vigliocco y Rossana Chahla, respectivos viceministro y ministra de Salud, porque en el sistema público no encontraban profesionales en condiciones de ejecutar la interrupción legal del embarazo prevista en el Código Penal y en el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De la experiencia les queda la idea de que el Estado intentó continuar la gestación mediante la obstaculización de la detención que había solicitado la niña con el aval de su madre. “Siento bronca. Creo que con lo que sucedió, con la forma en la que fue tratado este caso, en el futuro habrá más ‘Lucías’ y no menos. ¿Quién querrá exponerse a pasar por esto?”, interroga Gijena, quien actuó como cirujano durante la noche del 27 de febrero.

Ousset dice que sigue impresionada por lo que vio y vivió al participar de la cesárea como instrumentista (es objetora de conciencia). Reclama que se separe la interrupción legal del embarazo de la interrupción voluntaria: “la primera es una norma vigente mientras que la segunda, la llamada IVE, es un proyecto que no prosperó. Me impresiona que Tucumán se coloque por encima de la ley nacional. Y me impresiona advertir el maltrato que sufren las mujeres pobres de nuestra provincia. Nunca vi que haya manifestaciones públicas firmadas por profesionales y debates con los cuerpos de las ricas. La inequidad es aberrante: las obras sociales cubren la interrupción legal del embarazo sin problemas”, enumera.

“Operativo clandestino”

Gijena y Ousset aseguran que decidieron ventilar este episodio para protegerse de los ataques y de las acusaciones, y porque ambos se formaron en Mendoza, donde la interrupción legal del embarazo es una práctica habitual desde antes del fallo “FAL” (2012). Y añaden que por hacer la interrupción del embarazo establecida en el orden jurídico sufren desde la amenaza de terminar imputados en una causa promovida por la fiscala de homicidios, Adriana Giannoni, hasta la discriminación de sus hijos. “Es la misma situación de persecución que vivió la ginecóloga Fabiana Reina por detener la gestación de otra niña de 11 años durante el año pasado (en el Hospital Avellaneda)”, acota Ousset. Ella y su marido reiteran que se los criminaliza por cumplir con las normas y que no entienden por qué lo que el Congreso de la Nación resolvió en 1921 hoy resulta intolerable. La pareja atribuye su suerte, por un lado, a la falta de educación, y por el otro, al temor que hace mella entre sus colegas. “La Fiscalía de Giannoni hizo una autopsia a la recién nacida: eso quiere decir que duda sobre las causas de la muerte”, observa Gijena.

“Creí que el año pasado, tanto los que estábamos a favor como los que estaban en contra de la legalización del aborto coincidíamos en cuanto a la necesidad de educar. Pero luego de que el Senado vetara la reforma, esa idea se cayó, y en Tucumán seguimos sin tener leyes de salud sexual y reproductiva, y de educación sexual integral. Esto es lo criminal”, apunta la médica, que profesa la fe católica. “Hay que educar para ordenar la información que los chicos ya tienen y a la que acceden por internet. Esa información muchas veces es engañosa y peligrosa, y no está dirigida a la prevención”, añade Gijena. Al respecto, ambos cuestionan a la Legislatura por no sancionar estas normas y por haber tratado de “evitar” las interrupciones de gestaciones producidas por delitos sexuales. “No nos olvidemos de que hubo un proyecto en ese sentido de (Marcelo) Caponio (PJ) que sumó 29 firmas de sus pares”, acota Ousset.

El procedimiento de la niña de 11 años sucedió en el Hospital del Este. Ousset y Gijena expresan que hasta horas antes de la cirugía nadie sabía si se iba a hacer o no, y que el hermetismo era absoluto. “Parecía un operativo clandestino”, comparan. El matrimonio reitera que la cesárea era la única opción posible en función del estado biológico, psíquico y social de la nena, y que cualquier otro tipo de intervención iba a ser difícil de tolerar para su cuerpo, además de larga y dolorosa para una gestación de alrededor de 23 semanas (los médicos del Hospital calcularon 25). Y agregan que la paciente y su progenitora ratificaron la decisión de seguir adelante cuando les informaron los detalles del procedimiento. También corroboran que los enfermeros y el anestesiólogo se declararon objetores de conciencia, y que ellos dos se quedaron a solas con la niña y su madre: dicen que pudieron avanzar porque la médica Clara Monasterio aceptó colocar la anestesia.

“Tuve que ordenar que apagaran los celulares para evitar que nos fotografiaran y filmaran. Afuera se quedaron la jefa del Servicio de Tocoginecología, Tatiana Obeid, y el psiquiatra de adultos, Walter Sigler”, relata Gijena. Ousset apunta que continuaron porque no podían prolongar el suplicio de la niña, que en el medio del procedimiento tuvo síntomas de eclampsia. Gijena opina: “vimos que la tortura avanzaba hacia algo que ya no tiene nombre. El discurso de salvar las dos vidas puede llevar a no salvar ninguna. Yo no hice esto por dinero y tengo testigos de eso, sino por convicción. Y no me arrepiento”.

Si bien aseguran de que antes de entrar a la cirugía nadie les informó sobre la existencia de una orden judicial para continuar con el control del embarazo, dicen que fueron interceptados afuera de la sala. “Encontramos a un agente con un chaleco del Ministerio Público Fiscal acompañado con dos policías. Nos pidieron nuestros datos personales y nos preguntaron qué habíamos hecho: sólo faltaban los perros”, describe Gijena. El médico opina que la niña también fue tratada como si hubiese delinquido: “pasó semanas hospitalizada por haber padecido un abuso sexual infantil y por ejercer la opción prevista en la ley”. Ousset subraya: “la niña tenía derecho a interrumpir el embarazo por doble motivo, porque hasta los 13 años implica un peligro para la vida y continuar la gestación profundizaba los riesgos, y porque había sido violada”.