08 Marzo 2019
LA VÍCTIMA. Fernando Sebastián Medina fue ultimado en 2017.
La fiscala Adriana Giannoni espera recibir la información de los entrecruzamiento de llamados telefónicos para cerrar la investigación del crimen de Fernando Sebastián Medina, el preso que denunció a guardiacárceles por la venta de drogas en el penal.
La víctima, de 31 años, fue atacado por Alejandro “Pichi” Mendoza el miércoles 22 de noviembre de 2017 en el patio de recreo del Anexo 1 de la cárcel. Medina y un compañero (su nombre se mantiene en reserva), luego de haber denunciado la venta de marihuana, cocaína y psicofármacos en la cárcel, fueron trasladados a la seccional 7ª por cuestiones de seguridad.
El domingo 19, sin que se conocieran fehacientemente los motivos y sin ninguna orden judicial, los denunciantes fueron trasladados a Villa Urquiza y en el traslado habrían recibido una feroz golpiza. La víctima, ni bien pudo, habló con sus familiares para denunciar lo que estaba pasando y que estaba seguro que lo matarían. Sus sospechas se confirmaron días después.
Giannoni imputó a los funcionarios del Servidio Penitenciario. A Guillermo Snaider lo acusó de desobediencia judicial (no acató la orden de proteger a Medina y a su compañero tal como lo había ordenado Roberto Guyot, juez de Ejecución y Sentencias) y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que se considera que no investigó la tortura que sufrió Medina antes de ser asesinado.
Walter Pato, ex del Departamento Personal de la cárcel, y de José Fernando Cisterna, responsables de la Unidad I y II del penal, están acusados de haber elaborado un plan que terminó con el homicidio del recluso denunciante. Claudio González, el oficial que estaba a cargo de los presos que se encuentran alojados en las diferentes seccionales de la policía, fue imputado por falsedad ideológica, ya que la investigadora considera que falseó todas las actas que se hicieron para justificar el traslado de los dos reclusos que realizaron la denuncia ante la Justicia Federal. Este último imputado habría admitido ante Giannoni algunas irregularidades y que hasta habría hecho todo por pedido expreso de sus superiores.
La fiscala también pidió a la jueza Carolina Ballesteros una investigación jurisdiccional en contra de Guyot, ya que sospecha que se demoró en actuar para proteger a Medina.
Otros casos
Mientras se desarrollaba la investigación de este caso, la Justicia Federal condenó al enfermero Miguel Ángel Herrera a cinco años por vender drogas en el penal a través del recluso Roberto Frasca.
En julio de 2017, personal del Servicio Penitenciario detuvo a un guardiacárcel cuando intentaba ingresar más de medio kilo de marihuana, psicofármacos y pastillas al penal. El acusado espera ser enjuiciado.
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