La Nación llama a garantizar la interrupción legal del embarazo

El caso de la niña tucumana sometida a una cesárea pese a que había solicitado la interrupción legal del embarazo llevó a la Nación a recordar que la suspensión de la gestación en la hipótesis de violación es un derecho vigente. La postura consta en la circular interna que emitió el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) este 28 de febrero. “Esa alternativa debe ser garantizada dado que el embarazo forzado encuadra en la causal violación, tal y como lo establece el Código Penal de 1921 y el fallo ‘FAL’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012”, expresó la Coordinación Técnica del programa.

El mensaje manifestó que la demora atenta contra la víctima y que la responsabilidad de evitarla debe ser asumida por la comunidad en general. “Los agentes del sistema de protección, incluidas las instituciones educativas y de salud, tanto dentro como fuera del Plan ENIA, tienen la responsabilidad de actuar en consonancia con el marco normativo, de escuchar la voz de la niña y de tutelar su interés superior”, agregó el documento al que accedió LA GACETA. Y afirmó: “en estas situaciones, toda dilación en la respuesta institucional o actuación que no responda a los lineamientos normativos vulnera los derechos de la niña o adolescente; compromete su salud, su dignidad y su vida, y condiciona las soluciones apropiadas y seguras”.

El Plan ENIA es una política diseñada por las áreas de Desarrollo Social, Educación y Salud de la Nación. Su objetivo es evitar los embarazos no intencionales. “El Plan ENIA está comprometido con los derechos de niñas, niños y adolescentes sobre la base del orden normativo vigente en la Argentina. La cadena de responsabilidades es múltiple, y debe ser firme y clara. Sólo así podremos responder institucionalmente a la altura de las necesidades de los chicos vulnerados en sus derechos”, consignó la circular. Un anexo oficial disponible en Argentina.gob.ar informa que Tucumán y otras once provincias están en una situación crítica porque siete de cada 10 embarazos son no intencionales de niñas y adolescentes (ver imagen incluida en esta edición). En esta jurisdicción, el Plan ENIA funciona en la capital, Cruz Alta y Tafí Viejo.

El Estado tucumano no dispone del protocolo específico para la interrupción de embarazos producidos por delitos sexuales previsto en la sentencia “FAL” (la Corte de la Nación encomendó su elaboración a los poderes ejecutivos). Aunque la gestación había sido detectada el 31 de enero, la niña de 11 años recién formalizó el pedido de suspensión el 25 de febrero. Durante la madrugada del 27, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) practicó una cesárea en el Hospital del Este. Como consecuencia de esa cirugía, una recién nacida de alrededor de 600 gramos fue conectada al respirador. La neonata permanece estable dentro de su estado crítico, con perspectivas de vida acotadas: extraoficialmente trascendió que este lunes sufrió una complicación cardíaca propia de su falta de madurez. El Siprosa no emite partes ni sobre el estado de salud de la niña y ni respecto del de la neonata.

PRONUNCIAMIENTO

ABOGADOS DEFENDIERON LA ACTUACIÓN DE GIANNONI

Alrededor de 35 abogados locales reivindicaron el accionar de Adriana Giannoni, fiscala especializada en homicidios, en el caso de la niña abusada que había solicitado la interrupción del embarazo y terminó siendo sometida a una cesárea el 27 de febrero. El 11 de ese mes, en un oficio enviado a Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este, la fiscala había recordado que el personal de ese establecimiento que debía proteger la vida desde la concepción y le había advertido que podía incurrir en delitos. Por esta razón, la diputada nacional Teresita Villavicencio denunció a Giannoni y expresó “que era palpable el delito que esta había cometido”.“Llama la atención la confusión reinante al pretender condenar a una fiscala que buscó cumplir con la tarea que le compete en la prevención del delito al citar las leyes provinciales 8.293 y 6.518”, expresaron los profesionales en una nota que dejaron en LA GACETA. Y añadieron que Giannoni había actuado en resguardo de la Constitución y del orden jurídico de Tucumán, que se declaró “jurisdicción provida”. Firmaron el pronunciamiento, entre otros, los abogados Raúl Moreno, Viviana Mattar, María Teresa Mockevich, Luciana Colombres, Luis Romero Abadie, Mariana Barrionuevo, Raúl Alfredo Lezana, Juan José Sirena, Stella Maris Carreras, Ana María Fourmantin, Felipe Rougés y Sara Laura Martínez.

LEGISLATURA

FUNCIONARIOS DE LOS TRES PODERES SE REÚNEN HOY

Jueces, fiscales, funcionarios del Gobierno y legisladores abordarán a partir de las 11 el tratamiento del caso de la niña víctima de una violación que había solicitado la interrupción del embarazo y que fue sometida a una cesárea durante el 27 de febrero. La reunión tendrá lugar en la Legislatura por pedido de las comisiones de Protección de los Derechos de la Mujer y de Derechos Humanos. Previamente, esos comités habían solicitado informes al Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez; a la ministra de Salud, Rossana Chahla, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse. Legisladores de ambas comisiones habían precisado la necesidad de saber qué aconteció realmente. El procedimiento aplicado a la niña repercutió hasta en el extranjero y dio lugar a denuncias penales. En particular, la diputada nacional Teresita Villavicencio acusó a la fiscala Adriana Giannoni de atemorizar a los médicos a cargo de la víctima mediante la apertura de actuaciones por un posible homicidio. José Gijena y Cecilia Ousset, los facultativos que intervinieron en la cesárea, divulgaron que los equipos del Hospital del Este se retiraron del quirófano esgrimiendo objeciones de conciencia. “Hubo desesperación y amedrentamiento cuando el Estado intentaba cumplir su deber”, evaluó Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación.

DENUNCIA PENAL

ONG PIDEN LA INVESTIGACIÓN DE MÉDICOS Y AUTORIDADES

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Mujeres x Mujeres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir solicitaron la apertura de una investigación contra los médicos y autoridades del Sistema Provincial de Salud involucrados en el caso de la niña abusada que había peticionado la interrupción legal del embarazo prevista en el Código Penal y el fallo “FAL”(2012) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La denuncia apuntó contra el desempeño de Rossana Chahla, ministra de Salud; de Gustavo Vigliocco, secretario médico ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa); de Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón (del Este) y de Tatiana Obeid Pedemonte, jefa del Servicio de Ginecología. La presentación ingresó en la Fiscalía de Delitos Complejos N°2 de esta ciudad. Este pedido de investigación indica que el Estado desoyó la voluntad de la víctima y prolongó indebidamente el embarazo hasta la cesárea (esa cirugía permitió extraer a una neonata de alrededor de 600 gramos, cuyas perspectivas de vida son escasas). Las ONG denunciantes consideraron que los funcionarios provinciales del área de Salud y los médicos que trataron a la paciente habrían incumplido sus deberes al retardar y omitir los actos inherentes a la detención de la gestación.