05 Marzo 2019
EN LA MIRA. La fiscal Giannoni. ARCHIVO
La diputada nacional por Tucumán Teresita Villavicencio (Evolución Radical) presentó una denuncia contra la fiscala penal Adriana Giannoni, por su intervención en el caso de la niña de 11 años que fue violada y sometida a una cesárea para interrumpir su embarazo.
La radical solicitó que se investigue si la funcionaria judicial incurrió en un delito cuando solicitó que se respetara la gestación.
“En virtud de las acusaciones y desmentidas a las que fuimos sometidos todos los tucumanos respecto al caso ‘Lucía’ -nombre ficticio con el que algunas organizaciones se refieren a la víctima-, he presentado el primero de marzo una denuncia para que se investigue el accionar de la fiscala Giannoni”, informó Villavicencio.
El jueves de la semana pasada, un día después de que se le practicara la cesárea a la niña violada, la ministra de Salud, Rossana Chahla, había asegurado que Giannoni había pedido que el embarazo continuara. Por ello, explicó, los médicos objetores de conciencia se rehusaron a realizar el procedimiento y se debió convocar a otros profesionales. Desde el Ministerio Público Fiscal, luego, se emitió un comunicado en el que se desmentía a Chahla. Se conoció, sin embargo, que el 11 de febrero, 15 días antes del procedimiento, autoridades del hospital recibieron una advertencia de apercibimiento de Giannoni. Mediante el oficio 10/2019, la fiscala informó a las autoridades sanitarias y a los agentes que dependen de ellas que “en atención a los intereses de los menores involucrados” estaban obligadas por leyes provinciales a proteger la salud y los bienes desde la concepción. También les advirtió que podrían enfrentar consecuencias penales si no comunicaban al Ministerio Público de la Defensa o a quien correspondiese los malos tratos infligidos a los menores.
“Las palabras de la ministra de Salud fueron las que motivaron esta presentación, ya que en caso de comprobarse, demostrarían una clara coacción o lo que conocemos como un ‘apriete’ contra los médicos que no son objetores de conciencia en el Siprosa y que estaban dispuestos a intervenir en este caso”, explicó la diputada. Requirió que se investigue el presunto abuso de autoridad de la funcionaria judicial, entorpeciendo el acceso de la niña a la intervención.
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