El ADN, prueba decisiva contra el agresor de la niña abusada

De un examen de ADN depende la causa penal iniciada contra Eliseo Víctor Amaya, supuesto autor del ataque sexual que dejó embarazada a la niña de 11 años y que dio lugar a la práctica de una cesárea esta semana. La Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter ordenó el cotejo de las muestras genéticas extraídas al imputado, a la víctima y a la neonata de alrededor de 600 gramos. Si el análisis confirma el vínculo entre el acusado y la recién nacida, el proceso quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral. La decisión sobre el enjuiciamiento corresponde a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal N°3 de esta capital.

Amaya fue aprehendido el 7 de febrero luego de que trascendiera que la nieta de su pareja estaba embarazada. A continuación, Reuter pidió la prisión preventiva del sospechoso. En una declaración testimonial tomada en la cámara Gesell, la víctima corroboró la versión de que había sido abusada por su abuelastro. También declararon otros familiares de la niña, que vivía con su abuela desde hace cuatro años porque dos de sus hermanas antes habían sido abusadas por el concubino de la madre.

A los efectos de resguardar y proteger los derechos de la víctima, la Fiscalía de Reuter dio intervención al Juzgado de Familia de Valeria Brand. El 25 de febrero, ese despacho notificó al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) sobre la existencia de un pedido de interrupción legal del embarazo firmado por la niña y su madre en el Hospital del Este. Al día siguiente, Gustavo Vigliocco, secretario médico ejecutivo de la institución, comunicó a Brand que había formado una junta médica y que iba a poner en marcha el procedimiento solicitado. La cesárea tuvo lugar durante la madrugada del miércoles en el propio quirófano del Hospital del Este. La neonata está desde entonces conectada a un respirador y sus posibilidades de vida son escasas, según la información disponible.

La denuncia no es la regla

En la Fiscalía observaron que Amaya se había mostrado sereno al momento de prestar declaración indagatoria. Aparentemente se mantuvo impávido frente a las acusaciones y la atribución de los hechos delictivos.

Si la comparación de las muestras genéticas diese negativo, la Fiscalía de Reuter deberá apuntar la mirada hacia otros posibles varones del entorno de la niña. Ocurre que este tipo de abusos suele ser perpetrado en el mismo ámbito familiar de la víctima: por ello muchas veces no hay denuncia. Interlocutores judiciales comentaron que esto ni siquiera sucede cuando los centros sanitarios públicos y privados detectan embarazos de chicas menores de edad. Y en parte manifestaron que a la falta del protocolo específico para la interrupción legal de la gestación previsto en el fallo “FAL” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2012) se suma la ausencia de articulación entre las justicias penal y de familia, y las instituciones de salud de la provincia. “El caso de esta niña tuvo divulgación, pero la mayoría pasan inadvertidos. No sólo el embarazo prosigue, sino que el agresor queda impune”, reflexionó una fuente.