La Justicia desmiente que ordenó "salvar las dos vidas"

El manejo público del caso de la niña embarazada desencadenó una confrontación verbal entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Esa contienda quedó expresada en los comunicados de prensa que emitieron primero el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y, a continuación, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Así como en el parte inicial el Gobierno manifestó que, respecto de la petición de interrupción del embarazo de la víctima, la jueza Valeria Judith Brand había indicado la continuación “del procedimiento en procura de salvar las dos vidas”, la Justicia desmintió esa versión en la réplica. El texto divulgado por los Tribunales consigna que Brand se limitó disponer el seguimiento de “FAL”, la sentencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2012.

El Siprosa se expidió casi en simultáneo con la práctica de la cesárea en el Hospital del Este. Una neonata de alrededor de 600 gramos fue conectada al respirador como consecuencia de la cirugía concluida en la madrugada de ayer. Las autoridades involucradas en ese procedimiento no dieron detalles sobre el estado de la víctima de la violación y sobre las perspectivas de la neonata. Pero en el Siprosa sí informaron que el caso no había sido judicializado, como manda el fallo “FAL”. Ello quiere decir que el sistema sanitario actuó sin necesidad de que la Justicia se lo ordenara. Ayer por la tarde, la ministra de Salud, Roxana Chahla, y otros miembros de su gabinete reiteraron que no hizo falta una sentencia (se informa por separado acerca de la conferencia de prensa).

En la Corte juzgaron necesario aclarar que Brand no había tenido participación en el camino elegido por el Siprosa. En la redacción del comunicado divulgado a la siesta de este miércoles se involucraron los equipos técnicos de los Tribunales así como los vocales presentes (René Goane está de licencia por razones de salud). El pronunciamiento institucional afirma que la jueza tomó contacto con el caso 10 días atrás; que se concentró en velar por la vigencia del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y que se mantuvo en los límites del caso “FAL”.

“Por lo tanto, el texto publicado en diferentes medios y redes sociales que refiere a un comunicado de prensa que habría sido emitido por el Siprosa el 26 de febrero, en el que se menciona que se dará cumplimiento a la doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo ‘en procura de salvar las dos vidas’, no refleja lo requerido por la jueza interviniente”, afirma el parte disponible en el portal oficial (justucuman.gov.ar).

Obligación y protocolo

En el expediente consta que Brand, que lleva la causa de familia de la víctima, intervino para notificar al Siprosa sobre la existencia de la solicitud de interrupción legal de embarazo rubricada el 25 de febrero en el Hospital del Este. Al día siguiente, Gustavo Vigliocco, secretario médico ejecutivo del Siprosa, informó al Juzgado que había puesto en marcha los preparativos para detener el embarazo en línea con las pautas de la Corte de la Nación.

El fallo “FAL” prescribe que la mujer víctima de un ataque sexual tiene derecho a poner término a la concepción -hipótesis de aborto no punible- sin necesidad de acudir a los Tribunales y que los poderes ejecutivos provinciales están obligados a garantizar el cumplimiento de ese derecho. A esos fines, el máximo órgano judicial del país encargó la elaboración de protocolos a los estados locales. Tucumán está entre las provincias que no disponen de esta herramienta específica. En esa misma situación se encuentran Santiago del Estero, Córdoba y Corrientes, según los datos que Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación, brindó el año pasado al Congreso.

Las diferentes aristas del caso de la niña de 11 años repercuten en distintas áreas de la Justicia. La fiscala María del Carmen Reuter lleva adelante la investigación de la violación atribuida a la pareja de la abuela de la víctima. Brand maneja lo atinente a la tutela de los derechos civiles. Además, la fiscala especializada en homicidios, Adriana Giannoni, inició actuaciones de oficio respecto del tratamiento de la petición de interrupción legal del embarazo. Por otro lado, el concubino de la madre de la niña cumple una condena por el abuso sexual de dos de sus hermanas.

“La fiscala Giannoni citó a los médicos del hospital del Este para amedrentarlos”
Soledad Deza, abogada tucumana e integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, disparó contra el “accionar articulado del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público Fiscal para violar los derechos de una nena”. En particular, la profesional atacó a Adriana Giannoni, la fiscala especializada en homicidios de esta ciudad. “Giannoni citó a los médicos del Hospital del Este (que atendían a la niña) para amedrentarlos. Esto consta en los papeles, no fue verbal”, opinó. Deza defendió la licitud de la interrupción legal del embarazo que habían solicitado la víctima de la violación y su madre, y añadió que Giannoni actuó fuera del ámbito de su competencia. La fiscala no pudo ser ubicada ayer.

Organizaciones nacionales de derechos humanos repudian "la violencia institucional"
Amnistía Internacional Argentina; Católicas por el Derecho a Decidir; el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; el Centro de Estudios Legales y Sociales, y Mujeres x Mujeres rechazaron ayer “la violencia institucional” ejercida por el Sistema Provincial de Salud de Tucumán a cargo del secretario Gustavo Vigliocco. “La demora injustificada de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) vulneró el derecho de la niña a la salud, la autonomía, la privacidad y la intimidad”, expresaron las ONG en un comunicado conjunto. Y añadieron: “esta víctima de un embarazo infantil forzado como consecuencia de una violación tenía derecho a acceder a un aborto legal”. Las entidades denunciaron la existencia de “obstáculos y dilaciones deliberadas” con el único objeto de evitar la ILE.