26 Febrero 2019
La Provincia resiste un nuevo intento del Gobierno nacional por traspasar una parte del funcionamiento del programa Incluir Salud. Específicamente, en este caso la discusión se centra sobre quién se hace cargo del traslado de los pacientes hacia los centros de rehabilitación.
A fines del año pasado, funcionarios nacionales intensificaron las gestiones con sus pares provinciales para que cada distrito se hiciera cargo del costo de esas prestaciones. Así, muchas provincias aceptaron y firmaron una adenda a los convenios ya firmados, por las cuales los fondos para el transporte serían asumidos por las jurisdicciones locales y no por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANG). Se trata, puntualmente, de los servicios de transporte a beneficiarios de pensiones no contributivas hacia los centros de diálisis y discapacidad que brinda el Programa Federal Incluir Salud.
"Tucumán ha resuelto no firmar la adenda propuesta por la Agencia Nacional de Discpacidad para introducir modificaciones al convenio, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre de 2019. La inmediatez de la propuesta, desde el punto de vista operativo, hace inviable gestionar las prestaciones toda vez que la provincia no conoce las condiciones contractuales entre los prestadores y la AND, lo que pondría en riesgo la accesibilidad real en tiempo y en forma de las prestaciones a los beneficiarios", reza el comunicado que en su momento el responsable del programa Incluir Salud en Tucumán, Daniel Abad, difundió entre los prestadores.
La situación es compleja, ya que si bien los fondos son aportados por la Nación, no hay vínculo entre el Estado y los transportistas. Son las clínicas y centros de atención las que en su facturación al Estado incluyen los montos referidos al traslado y ejecutan los pagos.
Abad precisó los motivos por los cuales Tucumán no aceptó las modificaciones. "La Nación financia muchas de las prestaciones mediante un contrato, el último convenio que firmamos vence en diciembre. Pretendieron modiifcar ese convenio para traspasar el transporte de la discapacidad, y a cambio ofrecían a la provincia un tercio de lo que gaste. El gobernador dijo que no, que se cumpla el convenio vigente", relató.
Se trata, dijo, de un volumen de recursos cercano a los $ 600 millones. Otras provincias también rechazaron esa pretensión, como Santa Fe, pero otras aceptaron. En Jujuy, donde el gobierno del radical Gerardo Morales firmó la adenda, la Justicia finalmente intervino a pedido de una asociación que representa a pacientes con problemas neurológicos y frenó la disposición nacional.
El Programa Federal Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir de 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos, generando condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional a través de los gobiernos de las 24 jurisdicciones.
Ya el año pasado hubo inconvenientes por los retrasos en los pagos de las prestaciones a los operadores del sistema. La semana pasada, en Buenos Aires, el asunto volvió a surgir en una reunión entre los empresarios del sector y funcionarios nacionales.
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