El juicio por Paulina Lebbos: la verdad, cada vez más lejos

A 13 años del crimen de Paulina Lebbos aún no se sabe quién la secuestró y quién la mató. Por más que se haya ordenado investigar a César Soto y a Sergio Kaleñuk por estos delitos, el homicidio sigue impune. Sí se comprobó que hubo un encubrimiento. No sólo se condenó a todos los que llegaron imputados de este delito, sino que ampliaron la acusación en contra de varias personas que podrían haber participado de manera activa para que nunca se conociera la verdad.

El fiscal Diego López Ávila, el mismo que instruyó la causa que llegó a juicio, será el responsable de investigar las nuevas dos hipótesis sobre el homicidio. Soto, que llegó a la audiencia como testigo, terminó como sospechado. Su declaración fue inconsistente y hasta los de su mismo entorno terminaron desmintiéndolo.

El pedido de investigación del hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario del ex gobernador José Alperovich, puede ser quizás lo más fuerte de la sentencia. Él, que estuvo involucrado en la llamada línea de “Los hijos del poder”, quedó bajo sospechas por dos razones: las contradicciones que cometió durante su declaración en la audiencia y por el hecho de haberse detectado que su celular se activó en la misma zona donde se registró que Paulina usó el teléfono el mismo día que desapareció.

En la sentencia surgieron otras novedades. Se agrandó la lista de protagonistas de la red de encubrimiento. Los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti pidieron a López Ávila que investigue a personas que desfilaron como testigos en la audiencia. Estaban cantados los pedidos contra Virginia Mercado (la compañera que la vio por última vez con vida) y Lilia Moyano (la perito de la Policía que dirigió los trabajos científicos en el lugar donde encontraron el cuerpo).

Pero los magistrados dieron una lista de supuestos encubridores que generó sorpresas: Rubén Urueña (empresario organizador de espectáculos): Gustavo “El Gordo” González (líder de la barra de Atlético que está detenido y procesado por el secuestro de Margarita Toro) y a los comisarios retirados Marcial Escobar, Alfredo Jiménez y Luis Santana (fueron contratados por el gobierno de Alperovich para investigar el hecho).

La sentencia del juicio tuvo consecuencias políticas inclusive antes de que se diera a conocer el fallo. El subjefe de Policía, Francisco Picón presentó la renuncia horas antes de que se confirmara que los jueces pidieron que se lo investigue por incumplimiento a los deberes de funcionario público y por falsificación de instrumento público.

Pero los responsables del área de Seguridad no sabían que el jefe de la fuerza, José Díaz, también será investigado por haber formado parte de la junta que firmó el ascenso del comisario Enrique García, condenado por haber cometido irregularidades el día que encontraron el cuerpo. Al cierre de esta edición, no se sabía cuál sería la suerte del jefe de Policía. Versiones indicaban que la cúpula policial había sido citada para hoy a las 8.30 a una reunión de urgencia.

Por el ascenso del comisario también deberían ser investigados los que firmaron el decreto con el que se concretó el ascenso de García. Fue rubricado por el actual senador José Alperovich y por el ese entonces ministro de seguridad, Mario López Herrera y el condenado Eduardo De Lella, como secretario de esa cartera.

Pero más allá de los nombres y nuevas acusaciones, hay un enemigo para acabar con la impunidad que se abraza a este caso: el paso del tiempo. López Ávila tendrá que empezar de cero, sin demasiadas pruebas y sin conocer quién lo ayudará, puesto que los investigadores de la Policía quedaron en la mira por su participación. La verdad cada vez está más lejos.

De testigo a sospechado

César Soto mostró diferentes facetas durante los días en que declaró. Trató de desvincularse del caso, pero terminó complicándose. Los miembros más cercanos  de su entorno derrumbaron cada una de las versiones que él le contó al Tribunal. Entre otras, confirmaron que Soto nunca se preocupó por la desaparición de Paulina; que sí tenía vínculos con la barra de Atlético; y que mintió sobre una supuesta reunión a la que debió haber ido con Paulina, el día de su desaparición. En contraposición, los familiares de Paulina coincidieron en que él era un hombre violento.

Ssus contradicciones generaron dudas

Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario privado de José Alperovich, no pudo explicar que hizo el domingo 26 de febrero de 2006, día de la desaparición y muerte de Paulina. Él dijo que estaba abocado a la organización del clásico que disputó Atlético -club del que era dirigente- y San Martín ese mismo día. Rubén Urueña (dirigente del club donde se vendieron las entradas) y Gustavo “El Gordo” González (líder de la barrabrava “decana”) informaron sobre todos los detalles que el olvidó mencionar en sendos careos. Tampoco pudo demostrar por qué se activó su celular en la misma zona donde estuvo Paulina.