21 Febrero 2019
En lo que va de este mes, Tucumán ha afrontado dos huelgas del transporte público de pasajeros. La primera, hace dos semanas, fue por 24 horas. La segunda, declarada por tiempo indeterminado, finalmente se extendió por 42 horas. La Unión Tranviarios Automotor convocó al paro invocando una deuda salarial: a los choferes sólo les habían pagado la mitad del sueldo de enero. Los empresarios argumentaron que la caída de los subsidios nacionales y la negativa de la Municipalidad de la capital a incrementar el precio del boleto urbano los dejaba sin recursos para afrontar esas obligaciones. La Provincia responsabilizó a la capital en los mismos términos, y agregó que el Gobierno nacional que cesó la asistencia al transporte público es del mismo signo que la administración de la ciudad. La intendencia contestó a los empresarios amenazándolos con declarar caduca la concesión de las líneas de colectivos y anticipó que no trasladaría a los usuarios la responsabilidad de pagar sueldos privados; y le respondió a la Casa de Gobierno que la Nación había compensado, con otros recursos, los subsidios del transporte que había eliminado.
La medida de fuerza se destrabó, finalmente, porque, según explicaron los empresarios del Transporte (Aetat), gracias a “un remanente de un subsidio nacional atrasado (unos $ 45 millones) que el Gobierno de la Provincia se encargó de acelerar los tiempos de acreditación”. La novedad generó una encendida polémica, porque los opositores al Gobierno provincial interpretaron que, en efecto, la Provincia recibía dinero nacional para destinar a ese servicio público, pero no lo estaba aplicando. La intendencia, en tanto, acusó a los empresarios y a la Casa de Gobierno de haber intentado perjudicarlo políticamente con el paro.
Precisamente, durante esta semana, funcionarios del Gobierno nacional detallaron a LA GACETA que el Gobierno federal, a la vez que eliminó los subsidios directos al transporte público de pasajeros, acordó con la Provincia, mediante la firma del Consenso Fiscal, que remitirá a la provincia $ 1.900 millones para este sector. Son, según se precisó, casi $ 160 millones por mes, de los cuales $ 55 millones corresponden a la capital. La Provincia niega estos guarismos y sostiene que los subsidios nacionales para el transporte público alcanzarán sólo $ 645 millones.
La situación expone por sí misma la necesidad de que el Gobierno tucumano brinde un detalle claro acerca de cuál es la real situación de los recursos para el subsidio del transporte público de pasajeros de la provincia. Ya el hecho de que se trate de dineros públicos exime de mayores argumentos para que los administradores de -justamente- la cosa pública brinden un informe pormenorizado de los montos que reciben provenientes de los contribuyentes, y del uso que hacen de esos recursos. Pero si esto no es ya razón suficiente, el hecho de que el entredicho con respecto a los subsidios haya dejado a los tucumanos sin colectivos durante tres días, convierte al asunto en una urgencia.
Las dos huelgas de este mes afectaron tremendamente a los empleados públicos y a los trabajadores del comercio, que debieron pagar taxis para ir y volver de sus trabajos, ocasionándoles un perjuicio económico para sus presupuestos domésticos. A ello se suma que, en marzo, el escenario se reeditará. Los ciudadanos, que tienen derecho a información clara sobre las cuentas estatales, no se merecen estas oscuras incertidumbres.
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