“Nos encanta la democracia, pero preferimos no saber cómo se financia”

Donde la mayor parte de los argentinos ve un año plagado de contiendas electorales, Alan Clutterbuck percibe una oportunidad para la transparencia. Y, por ende, un salto de calidad democrática. La organización que preside, la Red Acción Política (RAP), junto al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), y Poder Ciudadano, está detrás de una iniciativa nacional para iluminar el financiamiento de las campañas proselitistas que favorezcan el desarrollo de una dirigencia honrada. Desde la Ciudad de Buenos Aires y en una conversación telefónica, Clutterbuck se ilusiona con la posibilidad de que el Congreso de la Nación se haga cargo de esta deuda y mejore las reglas existentes. Diagnostica que en este asunto abundan las poses hipócritas. “Nos encanta la democracia, pero preferimos no saber cómo se financia”, dice.

-El Gobierno anunció que el Parlamento tratará a partir de marzo un proyecto de ley que obliga a bancarizar los aportes. ¿Qué expectativa tiene acerca de ese debate en función de la campaña que su organización y otras ONG llevan adelante?

-Nos parece auspicioso. Obviamente uno está un poquito curado de espanto porque ya hubo muchos trascendidos en el pasado y, como le decía a Julia Pomares, directora ejecutiva del Cippec, los goles se cantan cuando la pelota termina de cruzar la raya. Pero sí estamos en un contexto bastante favorable para que esto pase. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con otras organizaciones de la sociedad civil y de empresarios con una preocupación genuina por lo que diría que es la inmensa hipocresía del sistema de financiamiento de la política, donde todo el mundo sabe que una mayoría abrumadora de las campañas se financia con dinero no declarado. Nosotros queremos aumentar la equidad porque en este sistema el oficialismo de turno tiene ventaja respecto de los otros partidos. Hay que incrementar la transparencia del financiamiento, y mejorar el régimen de controles y de sanciones por incumplimientos. No alcanza sólo con la bancarización, aunque es importante.

-¿Cuál es el objetivo básico?

-Tenemos que asegurar que los partidos puedan acceder a fondos que les permitan financiar su campaña. Después podremos hablar de si las campañas están desmadradadas o no. Pero lo cierto es que hoy son cada vez más costosas, aunque no sabemos en qué medida porque el gasto declarado es muy poco. Tampoco sabemos cómo se consigue esa plata, aunque lo sospechamos. La posibilidad de que las empresas hagan aportes a las campañas es un avance en el sentido de la transparencia. También existe una postura que sostiene que el Estado debería proveer el financiamiento, pero la realidad es que eso hoy resulta muy difícil.

-Usted mencionó la palabra “hipocresía”...

-Daniel Zovatto, que es nuestro asesor, suele decir que la democracia no tiene precio pero que las campañas sí. Los partidos afrontan costos, y necesitan fondos para financiar estudios, capacitaciones, etcétera. Las campañas deben financiarse para que los candidatos puedan darse a conocer, y exponer sus propuestas y discutirlas en distintos ámbitos. Nos encanta la democracia pero preferimos no saber cómo se financia. La democracia acarrea costos de funcionamiento de los partidos y campañas de comunicación eficientes. Da la sensación de que colectivamente optamos por hacernos los distraídos y por no mirar cuánto gasta la política. Y corremos un riesgo importante, como pasó en Brasil, por ejemplo, donde las empresas financiaron a los partidos en negro, y generaron relaciones de dependencias turbias, que después terminaron en devoluciones de favores mediante concesiones de obras públicas, y renegociaciones de contratos y de precios que le salieron mucho más caros al Estado. Frente a esto, lo más adecuado es privilegiar el financiamiento transparente, y que cualquier ciudadano pueda saber qué empresas y qué particulares aportaron a un candidato o partido. Esto y el voto informado van a redituar en un salto cualitativo sustancial respecto de cómo estamos hoy.

-¿Cuánto sale una campaña presidencial en la Argentina?

-Hoy se estima que alrededor de U$S 100 millones de dólares. Aproximadamente el 80% se financiaría en negro. En este contexto, la idea es autorizar el aporte de las empresas con un límite y excluir a las que tienen conflictos de intereses como las potencialmente contratistas del Estado. A ello hay que sumar un fortalecimiento del control. La Cámara Nacional Electoral y las agencias del Estado disponen de pocos recursos para hacer las auditorías. Además, las sanciones son leves, con multas que pueden estar previstas en el aporte. Debe haber un esquema que genere incentivos para cumplirlo. En algunos lugares se está experimentado con consecuencias duras: si se comprueba que hay financiamiento ilegal, se cae la candidatura o el mandato en el caso de que el político haya ganado. Este tipo de sanciones hace que haya más cuidados.

-¿Cómo están las provincias respecto de la Nación?

-Mucho más complicadas. Hay provincias que no tienen ningún tipo de legislación. Nosotros proponemos que cubran ese vacío, más bien agujero negro, y garanticen la transparencia, la equidad, y buenos sistemas de control y de sanción. El problema es que, si esto no se revierte, los aportes pueden salir del crimen organizado o de narcotráfico. Ya ha ocurrido en América Latina.

-¿La causa de los cuadernos es un punto de inflexión en esta batalla?

-Sí, marca un antes y un después. Hasta el año pasado, uno tenía la sensación de que las empresas hacían aportes secretos sin cuestionarse demasiado. De golpe aparece la causa de los cuadernos y todos advierten que es complicado ocultar las cosas. Hoy escuchamos que los empresarios ya no quieren correr el riesgo de ir presos por financiar una campaña.

#2019transparente

Tres ONG impulsan una iniciativa para que la política se "blanquee" a sí misma

La Red de Acción Política, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), y Poder Ciudadano auspician el debate de un proyecto de ley de financiamiento de las campañas políticas en el Congreso de la Nación. “Convocamos a los políticos a encontrar consensos en pos de la equidad y de la transparencia”, dijeron las ONG, que sostienen que el régimen de financiamiento de la política no funciona; que el dinero circula en efectivo; que las campañas se financian con fuentes no permitidas; que los oficialismos nacionales y provinciales utilizan recursos públicos para las campañas, y que las rendiciones de cuentas de los partidos son inconsistentes y que las sanciones llegan tarde.