El lado B del conflicto del transporte

El lado B de la addenda fiscal firmada en octubre entre la Provincia y la Nación viene explotando desde diciembre, con los cinco días de paro de servicio de ómnibus. Uno en diciembre, uno en enero y tres en lo que va de febrero. ¿Lado B? Esa pregunta surgía cuando se había aprobado el acuerdo por el que se cambiaba el sistema de subsidios nacionales destinados a servicios públicos y la Provincia se alegraba porque resolvía problemas de deudas. Y cuando surgía la pregunta se advertía que a partir del primer día de 2019 las cosas iban a ser distintas, porque el reparto de dinero se haría de otra manera. Y lo fueron: esta semana todo Tucumán estuvo paralizado dos días por el paro de ómnibus (que también fue llamado lockout patronal) y al cabo del enfrentamiento entre el intendente Germán Alfaro y los empresarios y sindicalistas (y la Provincia, que pretendía mirar la pelea como de costado) quedaron todos magullados, con una convicción: dentro de dos o tres semanas puede volver el conflicto.

Todos en llamas

Todo estaba preanunciado. Los empresarios de Aetat reclamaron durante todo el año pasado por sus dramas de costos. La inflación y los aumentos salariales, dicen, los comen. El año pasado hubo sesión extraordinaria del Concejo en febrero y sesión normal en septiembre, y les dieron dos aumentos. Dicen que fueron insuficientes: el año terminó con paro y con pedido de suba del boleto urbano de $ 15.50 a $ 28,50, con la aclaración de que debería aumentar a $ 40. “El transporte está en llamas”, dijo Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat. Los concejales capitalinos respondieron entonces que no estaban dadas las condiciones para impactar a los usuarios con aumentos y que había que esperar a marzo. Que los empresarios aguantasen. ¿Pero había que aumentar, sí o no? En estos días de protesta, el mismo gobernador Juan Manzur reconoció que habría que recomponer la tarifa. Alfaro, que arremetió contra los empresarios con la amenaza de usar la ordenanza 400 y hacer caer concesiones, también dijo que la tarifa está atrasada, mostrando el cuadro comparativo entre provincias publicado el 2 de febrero.

¿Dónde está el nudo del conflicto, entonces? En la política, pero también en las modificaciones en la ecuación económica. Los cambios no están muy claros porque nadie los explicó bien. Los subsidios son más o menos los mismos ($130 millones por mes), pero ahora ya no son enviados por la Nación sino que es la provincia la que se hace cargo de entregarlos cada mes a las empresas. Para eso recibe coparticipación. “¿Quién controla eso?”, pregunta Alfaro, que advierte que los empresarios ahora están sujetos al arbitrio del gobernador, que tiene la potestad de aumentar o reducir los subsdidios. Por eso -dice- en diciembre aplaudieron que el Gobierno les adelantara $ 80 millones de los subsidios de 2019 para zafar de la coyuntura del aguinaldo y ahora se pusieron contentos de que, al cabo de dos días de huelga, apareciera un subsidio atrasado del año pasado. Nadie pregunta quién fue responsable de la demora de ese dinero. Alfaro denuncia que hay cercanía entre Berreta y el gobernador (habla del asado que compartieron, que se difiundió por redes sociales) y advierte que el flujo de grandes cantidades de dinero transforma en dependientes a las personas. “Los empresarios han empezado a jugar a la política”, dice.

Larga demora

Eso no quita que, con la justificación de no dejarse extorsionar por el lockout de las empresas, él no cita al Concejo a sesión, siendo que en diciembre ya se sabía del problema. Maxi Villagra, de la línea 19, recuerda que en febrero de 2018 sí se citó a extraordinarias para tratar la tarifa, y que ahora el problema es dramático, porque con las nuevas reglas de juego el Gobierno nacional cortó el subsidio al gasoil, que para los trasportistas, de $ 11, pasó a costar $ 40. Esa diferencia, dice, tenía que ser compensada con la tarifa. “No hay motivo para que no lo discutan la Municipalidad y la Provincia. En octubre entregamos un estudio de costos. Con los años que lleva en la Municipalidad (dos períodos como funcionario del ex intendente Amaya y cuatro como jefe municipal) ya podría tener estudios mensuales sobre el funcionamiento del transporte”, dice. Y la Provincia también. Ninguna los tiene. Alfaro tiene respuesta: “faltan 15 días para que el Concejo sesione y trate el tema tarifa. ¿Para qué hicieron estos paros?” Ellos dicen que los gastos en combustible se fueron a la estratósfera.

Lo que ha ocurrido esta semana ha dejado esquirlas, pero no se ven intenciones de buscar cambios en serio. Nadie reclama que la Provincia, que tiene potestad de dictar la tarifa de los colectivos que circulan por el interior, espera siempre que el costo político lo pague la Municipalidad capitalina. El director de Transporte provincial podría dictar un aumento para el interior, pero en este hipotético (inexistente) caso temen que después el Concejo capitalino otorgue una suba inferior y se genere un conflicto político. Por eso es “uso y costumbre” que el debate se dé en la Capital, donde hay 14 líneas de ómnibus que dependen de la Municipalidad, y no en el interior, donde hay 56, que dependen de la Provincia.

El defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, convocó a todos cuando estalló el paro esta semana para una reunión el jueves, pero como la huelga ya había cesado sólo fueron el representante del sindicato y el director de Transporte de la Municipalidad. “Se volvió abstracta la reunión y convoqué a otra para el 25”, dice. “Hay clima electoral, en vez de construir estamos agrediendo”, agrega. En el medio está el tremendo bache entre la tarifa y los costos, señala Villagra. Después del paro siguió el drama con empresas como la que va a San Pedro de Colalao. El pasaje cuesta $ 150 y aun cuando se diera un aumento como el que piden para el boleto urbano (de $ 15.50 a $ 28,50) en este caso el viaje a San Pedro se iría a casi $ 300. Una maestra que va todos los días a enseñar a esa localidad, ¿podría afrontar este gasto? Villagra dice que con las actuales reglas de juego alguien tiene que afrontar el estudio integral del sistema de costos y ganancias del servicio. Nadie lo hace, opina Juri Debo.

Alfaro prometió hacerles auditorías a las empresas, pero habrá que ver si después del aumento que vendrá en los primeros días de marzo se llega a avizorar las mañas que tienen las reglas de juego y quiénes salen beneficiados con ellas. Debajo de la mesa de discusión, bien abajo, está el consumidor del servicio, que tendrá que pagar el aumento. Motivado por el momento político, o no, el legislador Alfredo Toscano planteó en diciembre lo que nunca se trata en estas discusiones: “¿por qué no subsidiar al usuario, mejor?”, dijo. ¿Quién lo haría?