Los falsos gestores y las casas del Ipvdu

El drama de las cientos de familias que fueron perjudicadas por presuntos falsos gestores del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) persiste, a un año de que las irregularidades salieran a la luz. Cada semana, un grupo de personas protesta en Muñecas al 300 en busca de la casa que -aseguran- le prometieron por medio de la cooperativa “Nuevo Amanecer”. Los damnificados serían 2.500.

Según explicaron en reiteradas oportunidades, los presuntos estafados habrían pagado sumas de entre $ 5.000 y $ 200.000 a Elizabeth Alzogaray, quien oficiaba de gestora del Ipvdu y les prometía que a cambio de su asesoría iban a acceder a una vivienda social. Alzogaray, imputada por presuntamente liderar una asociación ilícita dedicada a ofrecer casas del Estado a cambio de dinero, fue detenida el 28 de enero de 2018, cuando se entregó a la Justicia.

Si bien la mayoría de los presuntos integrantes de la asociación ilícita fueron arrestados, continuamente el Ipvdu advierte a los tucumanos que aparecen denuncias sobre nuevos gestores truchos que ofrecen ese ilícito servicio de asesoría. De hecho, la semana pasada la repartición emitió un comunicado en el que alertó sobre la existencia de personas inescrupulosas que venderían, por vías informales, postulaciones a futuras adjudicaciones de viviendas construidas por el Ipvdu. Informaron que, bajo ningún concepto, la población interesada en una solución habitacional debe entregar dinero ni utilizar intermediarios, ya que no existen gestores habilitados por el organismo. “El Instituto niega la autenticidad de instrumentos que certifiquen derechos de adjudicación en un barrio identificado como Ampliación Lomas de Tafí, que hayan sido entregados a particulares a cambio de sumas de dinero”, dice el comunicado.

Más allá de la advertencia del propio Ipvdu, los escándalos en los que estuvo inmersa la repartición caldea los ánimos de los que buscan desesperadamente obtener una vivienda social. A partir de distintas investigaciones de LA GACETA, se conoció que funcionarios del organismo habrían favorecido a empresas y se habrían enriquecido ilícitamente. Además, en otros casos de presunta estafa, la Justicia investiga a empleados del Ipvdu.

En el pleito por la cooperativa “Nuevo Amanecer” también aparecieron ramificaciones políticas. La imputada Alzogaray, al declarar ante el fiscal de Instrucción Diego López Ávila, reveló esos supuestos nexos. “La persona que empezó todo esto (sic) trabajaba en un establecimiento público. Yo también le creí a (Gustavo) Durán”, indicó, responsabilizando al ex interventor del Ipvdu, fallecido en noviembre pasado, por las irregularidades en lo que habría sido ese sistema de “gestoría” y supuesta entrega de las viviendas sociales.

Ante esta compleja situación es menester que el Estado finalmente logre transparentar y quitar arbitrariedad a la gestión y entrega de viviendas que se construyen con fondos públicos. Por otra parte, es necesario que los interesados en adquirir una casa no caigan en la tentación de acudir a personas que ofrecen ese tipo de “ayuda”, aún a sabiendas de que no es la vía institucional correcta para obtener la tan preciada vivienda. Ese camino lleva indefectiblemente al de la desilusión y la protesta, como dan cuenta los que aún esperan una solución, que difícilmente llegará, con sus pancartas frente a la sede del Ipvdu.