17 Febrero 2019
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ajustó el esquema de distribución de tareas para lo que queda del año y hasta noviembre, cuando debería tener lugar la renovación de la presidencia y de las demás funciones. En la reunión del miércoles pasado, el alto tribunal acordó que el vocal Daniel Leiva, que reemplazó a Antonio Gandur el 6 de febrero, asuma las labores de representación de aquel. De este modo, Leiva será el integrante titular de la Corte ante el Jurado de Enjuiciamiento o Jury, órgano encargado de juzgar a los jueces, fiscales y defensores oficiales acusados de mal desempeño. Además, el ex fiscal de Estado del Gobierno de Juan Manzur seguirá en la comisión creada por una ley de 2016 para monitorear y supervisar la implementación de la reforma procesal penal, pero ahora en representación del Poder Judicial.
Leiva también ocupará el lugar de Gandur en la sala en lo civil y penal. La Corte resolvió que el nuevo vocal integre ese estrado junto al presidente Daniel Posse y a Antonio Estofán mientras que el titular del alto tribunal, René Goane y Claudia Sbdar permanecerán en la sala en lo contencioso administrativo y laboral. Ese esquema de reparto de expedientes está subordinado a las excusaciones, recusaciones y disidencias que surgen en cada caso, de modo que es posible que un vocal de una sala intervenga en pleitos de la otra ya sea para sustituir a un par o para generar la mayoría necesaria que requiere un pronunciamiento válido.
Los cambios fueron acordados durante la primera reunión de la composición actual del alto tribunal en la que no participó el vocal decano Goane, que está de licencia por razones de salud hasta el 1 de marzo. El presidente Posse, Estofán, Sbdar y Leiva pusieron sobre la mesa la agenda del Poder Judicial para 2019 con el afán de establecer algunas pautas hacia adelante. Entre las decisiones que adoptaron consta la intención de celebrar reuniones de Corte con una frecuencia semanal. La idea es que los vocales se vean todos los miércoles, según confirmaron fuentes judiciales (si bien los encuentros se intensificaron en el último año, la convocatoria estaba sujeta a las necesidades y a la disponibilidad). A partir de este año, las reuniones pasarían a ser una rutina institucional fija, como sucede, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Jurado de Enjuiciamiento creado en 2006 nunca destituyó a ningún magistrado ordinario. El año pasado, ese organismo integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía expulsó a los jueces de Paz Pedro Antonio Núñez (de la localidad de Los Gómez) y José Solano Lazarte (de Alto de Anfama). En este período podría llegar al Jury la acusación que la Corte hizo contra el también juez de Paz Antonio Héctor Heredia (Alderetes), que está en manos de la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
La reforma procesal penal luce más apremiante, aunque hay que ver si los Tribunales de Concepción y Monteros llegarán a poner en marcha el Código de 2016 en mayo, como prevé la tercera prórroga que aprobó la Legislatura. Si bien el trabajo hacia ese objetivo recibió un impulso a partir de mediados del año pasado, todavía faltan cuestiones tan esenciales como espacios físicos y la constitución del Tribunal de Impugnación, que ha de controlar las resoluciones emitidas durante la investigación y el juzgamiento de las causas. La comisión especial de monitoreo de los avances sesionó cuatro veces el año pasado, la última en diciembre para consensuar la nueva postergación de la puesta en marcha de la reforma. Además de Leiva, en este equipo participan Estofán; los representantes de los ministerios públicos; legisladores del oficialismo y la oposición; funcionarios del Poder Ejecutivo y abogados.
Lo más popular
