Separaron de la Dirección de Drogas al personal que estaría involucrado en un caso de corrupción

El segundo jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas y al menos otros cinco policías de esa división policial fueron pasados a disponibilidad por su presunta participación en un hecho de corrupción. Se confirmó la sanción horas después de que al menos dos de los efectivos de la división que lucha contra el narcotráfico fueran reconocidos por la víctima del hecho en Tribunales.

El martes 5, efectivos de la División Motorizada de Aguilares realizaron un operativo luego de que un vecino de esa ciudad les avisó que un pariente había sido secuestrado por personal de la Brigada y que pretendían pedirle una coima. Durante ese operativo, los miembros de la División Motorizada demoraron a cuatro personas.

En la dependencia policial, el denunciante de la extorsión (cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar su integridad física), dijo que lo detuvieron de manera irregular por un auto que había adquirido en enero y que le estaban exigiendo $100.000 para dejarlo en libertad. La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la aprehensión de Juan Carlos Ortiz (vendedor del auto, que se hacía pasar por un tal “José” y que espera ser enjuiciado por haber sido miembro del clan Reynoso), Leonardo Núñez (empleado policial que se desempeñaba en el centro de monitoreo del 911) y Lucio Enríquez.

En Tribunales, el comerciante de 45 años amplió su declaración. Explicó que había acordado reunirse con Ortiz en un centro de compras de la avenida Kirchner para comprarle otro vehículo. Allí -dijo- fue abordado por un equipo de la Didrop, integrado por el oficial Alejandro Díaz y los suboficiales Rafael Miranda, Héctor Medina y José González. Señaló que le revisaron el auto y que, como tenía irregularidades (no habrían coincidido el número de motor y la cédula verde), debía acompañarlos. De allí lo trasladaron a la base de la Didrop donde, según informó, lo mantuvieron encerrado más de dos horas. Contó que cuando le estaban “pintando los dedos” le pidieron una suma de dinero para no quedar detenido.

Según su declaración, él aceptó el pedido, pero con la condición de que lo acompañaran a retirar el dinero de una entidad crediticia. No pudo hacer el trámite porque la empresa se encontraba cerrada, así que llamó a un pariente de Aguilares para que le prestara esa suma. Este le dijo que sólo estaba en condiciones de darle $30.000, cifra que les ofreció a los policías -dijo- y que ellos terminaron aceptando. Luego, cuando se dirigían hacia el sur, fueron aprehendidos.

Los policías aguilarenses realizaron averiguaciones para constatar la versión de la víctima. Llamaron a una oficina de la fuerza donde les confirmaron que el auto que había comprado el comerciante estaba en regla y además les informaron que el comisario Sergio Sosa, segundo jefe de la Didrop, había realizado el mismo llamado horas antes. Se comunicaron con la división y allí la suboficial Noelia Gerez, que también fue puesta en disponibilidad, no sólo confirmó el secuestro del vehículo, sino que identificó a los compañeros que realizaron el operativo.

Sosa había sido nombrado como segundo jefe de la repartición a mediados de enero. Revistaba al frente de la división porque su titular, comisario Carlos Castaño, estaba de licencia por vacaciones. Los uniformados que participaron en el operativo también tenían menos de un mes en el cargo y habían llegado por recomendación del ahora desplazado.

La fiscala Rivadeneira habría ordenado el secuestro del auto, pero no que se tomaran medidas privativas de la libertad en contra de la víctima. Es que en un principio le habían informado que decidieron controlar el automóvil porque su conductor había evadido un control vehicular.

También trascendió que el viernes 8 ordenó allanar la sede de la Didrop. Allí secuestró el libro de guardia, el libro de rol de combate (donde debe aparecer la función que cumple cada policía en la división) y ordenó tomar fotografías sobre algunos detalles edilicios descriptos en su declaración por el comerciante.

El viernes pasado se realizó la rueda de reconocimiento, prueba clave. La víctima identificó a Ortiz como la persona que le vendió el vehículo y a Sosa y a Medina como los policías con los que habló el día que ocurrió el hecho. Sin embargo, la fiscala no ordenó la aprehensión de los integrantes de la fuerza ni que se deje en libertad a los que quedaron despegados de la causa.

Trámite administrativo

“No sabíamos del resultado, pero sí de la medida judicial. Desde que les anunciamos a los involucrados que debían ponerse a disposición de la Justicia para ser investigados, iniciamos un trámite administrativo y los pusimos en disponibilidad”, señaló Juan Carlos Driollet, secretario de Lucha contra el Narcotráfico.

El funcionario advirtió que por el momento no se nombrará a un sucesor de Sosa, puesto que Castaño ya está al frente de la división. “El mensaje del ministro (Claudio) Maley es claro: no se tolerarán estos casos y trabajamos para que la Policía sea más transparente aún”, explicó.

Mónica López, defensora del agente Núñez se mostró sorprendida porque aún sigue detenido y sumariado. “Todavía no entendemos por qué lo aprehendieron -indicó-. Presentamos pruebas para demostrar los motivos por los que viajó a Aguilares. Además, él no presta servicios en la Didrop. Al no ser reconocido por la víctima, estimo que pronto recuperará la libertad”.