Un legislador exige una sesión por la crisis carcelaria

Alberto Colombres Garmendia (PRO) rechazó que la Legislatura esté habilitada para presentarse y emitir una opinión en el hábeas corpus correctivo abierto en 2015 en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Según el legislador opositor, ello sólo puede suceder previa autorización del Poder Legislativo otorgada en una sesión. “Bajo ningún punto de vista puede considerarse que la Legislatura haya tomado una postura a favor del planteo del Poder Ejecutivo en cuanto al tratamiento judicial de la crisis carcelaria”, opinó Colombres Garmendia, quien exigió que el tema sea debatido en el recinto.

“No logro comprender cómo un abogado con un poder general para juicios otorgado por la Legislatura puede arrogarse la representación política del cuerpo sin haber recibido ninguna instrucción al respecto por parte de sus integrantes”, expresó. El opositor citó un párrafo del escrito presentado el 13 de febrero en el hábeas corpus: “habiendo tomado conocimiento de la presentación realizada por la Provincia de Tucumán en este proceso, vengo por el presente a adherirme a las consideraciones realizadas en cuanto se advierte claramente en el caso no sólo una avance sobre la esfera de competencia del Poder Ejecutivo sino también sobre las facultades del Poder Legislativo que represento”. Y añadió: “es decir, el abogado reconoce expresamente que se presenta por el sólo hecho de haber tomado conocimiento y no por instrucciones expresas de la Legislatura”.

Colombres Garmendia recordó que el artículo 47 de la Constitución de Tucumán prescribe que el Poder Legislativo será ejercido por un cuerpo compuesto de 49 ciudadanos. “A su vez, el artículo 3 prevé que los poderes que la Constitución establece no pueden adoptar disposiciones en su contra, ni ejercer otras atribuciones que las que aquella les confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares”, agregó. El opositor afirmó que ni siquiera el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, podía atribuirse esa representación, ya que el vicegobernador es miembro del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. “Si el oficialismo considera oportuno un pronunciamiento de la Legislatura deberá llamar a sesión y dar el debate”, advirtió.

El 12 de febrero, el Gobierno de Juan Manzur presentó un gran volumen de información en el hábeas corpus que promovieron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni para revertir las deficiencias estructurales de los establecimientos de detención. Por un lado, la fiscala de Estado, Eleonora Rodríguez Campos, manifestó que el Estado había cumplido todas las órdenes judiciales y que el mantenimiento del proceso implicaba una transgresión a la división de poderes, posición que recibió el respaldo del abogado de la Legislatura. Por otro lado, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Érica Brunotto, informó a la Corte que las comisarías seguían saturadas, que el estado de higiene era alarmante y que había hasta 25 presos por letrina. La Corte envió la presentación completa de la Provincia a los fiscales para que se expidan (el plazo para hacerlo vence hoy a las 10). El alto tribunal se pronunciaría a continuación sobre el planteo del Gobierno. Mientras tanto, sigue en pie la audiencia pública informativa programada para este martes.