Por Álvaro José Aurane
14 Febrero 2019
La presentación del Gobierno ante la Corte Suprema, en la cual advierte que el papel que desempeña el alto tribunal en la crisis carcelaria podría derivar en una violación a la independencia de los poderes, tuvo ayer su segundo capítulo, redactado también en el corazón del poder político.
La Legislatura planteó en Tribunales su adhesión a los argumentos del Poder Ejecutivo y alegó que el proceder de la cúpula judicial también podría vulnerar atribuciones que la Constitución reserva para el parlamento.
“Avance”
LA GACETA informó en su edición de ayer que la Casa de Gobierno, mediante la Fiscalía de Estado, solicitó el martes a la Corte tucumana que dé por agotado el hábeas corpus correctivo y colectivo dictado en 2015 para que la Provincia concrete mejoras en las condiciones de detención en cárceles y comisarías.
El Ejecutivo consigna que, en el contexto de esa medida, fueron dictadas cinco sentencias y sostiene que cumplió con todos los requerimientos derivados de esos fallos: desde inicio de obras de infraestructura hasta audiencias con funcionarios, pasando por la entrega de informes.
A la vez, la Fiscalía de Estado plantea que la prolongación sin límite temporal del hábeas corpus implica la injerencia de los magistrados en cuestiones que son parte de la esfera de acción propia de la gobernación. “La continuación (de la medida judicial) ha traspasado la lógica y los límites propios de un proceso judicial para convertirse en un instrumento de control y de permanente rendición de cuentas que estableción el Poder Judicial sobre el Ejecutivo”, dice el escrito.
“Se advierte claramente en el caso, no sólo una avance sobre la esfera de competencia del Poder Ejecutivo sino también sobre las facultades del Poder Legislativo”, consigna la presentación de la Cámara. El petitorio solícita que “se tenga por adherida a la Legislatura a la presentación realizada por el Superior Gobierno de la Provincia”.
“Atribuciones”
Según el texto planteo legislativo, el presunto avasallamiento se da “en detrimento del sistema de control político entre órganos establecido por la Constitución, y del principio de división de poderes, eje en torno al cual se estructura el régimen republicano de gobierno”.
Al igual que en la argumentación del Ejecutivo, la Cámara hace hincapié en que el máximo tribunal ha requerido “rendición de cuentas y explicaciones en reiteradas oportunidades”.
“El proceso de hábeas corpus discurrió así en cuestiones en las que se omitió el abordaje político e institucional adecuado, en especial al no estructurar el trámite de la causa conforme a un esquema compatible con las disposiciones constitucionales vigentes”, sostiene el texto.
El documento le recuerda a la Corte que la Constitución “ha creado tres órganos de gobierno, a los que específicamente asignó potestades, facultades o atribuciones. Y podría decirse que la ‘función’ de cada órgano consiste en ejercer ese cúmulo de atribuciones delegadas constitucionalmente, porque para ello han sido creados”.
Precisamente, el planteo sostiene que “cuando el Poder judicial intima y exhorta al Ejecutivo a rendir cuentas, avanzando sobre una facultad del Poder Legislativo y tergiversa el sistema republicano de gobierno cuyo objetivo es que cada órgano tenga una tarea diferenciada del otro”.
Al respecto se invoca, específicamente, el artículo 57 del Constitución de la Provincia: “La Legislatura podrá hacer venir a sus sesiones a los ministros del Poder Ejecutivo y secretarios del mismo, para pedir los informes que estime convenientes y estos obligados a darlos...”
La presentación concluye manifestando que “es importante respetar las atribuciones que cada uno (de los poderes del Estado) tiene constitucionalmente asignadas. Prestando atención a ellas advertiremos que las que corresponden a un órgano, le están vedadas al otro. En esta tajante división de potestades descansa el sistema republicano de gobierno”.
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