11 Febrero 2019
CAMBIOS. La titular de OA, Laura Alonso, vuelve a la escena pública, en coincidencia con el anuncio presidencial de una reforma para el organismo. TELAM
BUENOS AIRES.- La Oficina Anticorrupción difundió su informe de 2018: el año pasado controló a 1.536 funcionarios de alta dirección en la administración pública y formuló 191 instrucciones preventivas referidas a declaraciones juradas patrimoniales integrales, incompatibilidades y otros aspectos. Además, la titular de la OA, Laura Alonso, anunció hoy que estudia cómo hicieron diversos países para recuperar activos en resonantes casos de extinción de dominio.
La publicación del informe en la web de la OA y la aparición pública de Alonso coinciden el anuncio del Gobierno sobre la elaboración de una reforma integral del organismo para este año electoral a pedido del presidente Mauricio Macri.
Durante los últimos días la OA también se mostró muy activa en materia judicial: pidió por escrito confirmar la condena a Amadeo Boudou en la causa Ciccone y salió contra la posibilidad de postergar el inicio del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presunto fraude en la obra pública. La OA logró siete condenas en juicios finalizados durante 2018 y participa en 47 querellas, de las cuales 17 están ya en etapa de juicio oral. Entre ellas, las del ex funcionario kirchnerista José López y el empresario Lázaro Báez.
Por otra parte, la OA resolvió 25 investigaciones en el control del cumplimiento de la ley de ética pública, inició 130 por posible comisión de hechos de corrupción y formuló 43 denuncias ante el Poder Judicial.
El informe de gestión
La OA constató un 92% de cumplimiento de las declaraciones juradas, frente a 81,1% en octubre de 2017, y remitió 468 solicitudes de aclaraciones patrimoniales a los declarantes, a fin de recibir mayor información o la rectificación de los datos consignados. Otros 450 casos fueron derivados por incumplimiento de la obligación de presentar esas declaraciones o a raíz de la detección de posibles conflictos de intereses. A partir de ahí se dio intervención a la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción o a la Subsecretaría de Integridad y Transparencia y se formularon 153 denuncias.
Por otra parte, a partir de un trabajo conjunto con distintos organismos, se incrementó la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaración jurada, que pasó de 51.690 en octubre de 2017 a 53.652 en junio de 2018.
El organismo intervino también en lo concerniente a viajes registrados y obsequios a funcionarios. Entre el 17 y 21 de diciembre pasados, se les recordó a los funcionarios y empleados la prohibición de recibir obsequios en el marco de lo establecido por el decreto 1179/2016. De todos modos, en esta materia hubo 1.684 casos durante 2018: 1.332 obsequios y 352 viajes financiados por terceros.
Además, la OA elaboró un manual con estándares éticos, de manera “que el funcionario conozca qué comportamiento le está permitido y cuál prohibido”. (Télam)
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