08 Febrero 2019
LOS COLECTIVOS EN LA CALLE HACE UN AÑO. Postal del paro de transporte ejecutado el 8 de febrero de 2018. la gaceta / (archivo) ARCHIVO LA GACETA
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) para por 24 horas. La medida afecta a las líneas urbanas, metropolitanas e interurbanas, y, por lo tanto, a los 320.000 usuarios del transporte público de la provincia. En principio, los empleados no asistirán a su trabajo y los coches permanecerán en los talleres.
320.000 ciudadanos viajan en transporte público a diario y hoy no pondrán usar el servicio.
El secretario adjunto de UTA, Alfonso Canuto, defendió la medida: “los empresarios sólo nos han pagado el 50% del sueldo. No estamos de acuerdo con este desdoblamiento. Necesitamos cobrar”. Además, Canuto anticipó que si no reciben la mitad del salario adeudada después del paro, el gremio convocará a una asamblea para decidir qué postura adoptar durante la próxima semana.
Si los empresarios no tienen los recursos para pagar los sueldos, ese es un problema de ellos, no nuestro. Nosotros queremos cobrar la totalidad del salario", dijo Alfonso Canuto, secretario adjunto de UTA.
UTA y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) se reunieron el miércoles, pero no pactaron. Después del diálogo, la Secretaría General del gremio había anunciado un paro que finalmente ratificó ayer. Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat, manifestó su desacuerdo. “El gremio adoptó una postura intransigente que no compartimos. Hicimos una propuesta de pagar el 50% el cuarto día hábil de febrero y el otro 50% la semana que viene. Nuestros ingresos diarios se pulverizan con el costo del gasoil, así que sólo podemos esperar el subsidio”, argumentó.
La solución al reclamo del gremio no está en manos nuestras. Se agotó nuestro poder de endeudamiento y no podemos responder sin los subsidios", expresó Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat.
Para Berreta, el transporte público es un servicio esencial que debe ser responsabilidad del Estado, aun cuando este esté concesionado a los privados. “Los estados municipal, provincial y nacional tienen que decidir que quieren: que cobremos el valor técnico o que cobremos menos. Pero si cobramos menos, tienen que adoptar una política a largo plazo. Nosotros necesitamos el subsidio, pero no es una solución: ¡es un parche! La realidad es que estamos trabajando sobre la base del endeudamiento”, se quejó.
Esta medida extrema perjudica a los usuarios y pretende perjudicar también al intendente Alfaro. La Provincia debería dictar la conciliación obligatoria, analizó Walter Berarducci, secretario de Gobierno de la capital.
Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Walter Berarducci, negó que su administración tenga alguna responsabilidad en el conflicto y protestó por la inacción del Gobierno de Juan Manzur. “La Secretaría de Trabajo del Ejecutivo provincial tiene el poder de policía laboral, pero no interviene. Este desentendimiento de las autoridades competentes nos hace sospechar que no sólo quieren perjudicar al Municipio o a los prestadores de servicio, sino también a todos los usuarios”, denunció.
La comisión de Transporte analizará el costo del boleto. Hay que buscar un equilibrio entre lo que el empresario necesita y lo que el usuario puede pagar, respondió Armando Cortalezzi, presidente del Concejo de la capital.
El sábado 2 de febrero, Berreta informó que el boleto debería costar $ 29 y pidió un pacto social para el transporte entre UTA, Aetat y el Estado. Ayer, sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Armando Cortalezzi, atribuyó el incumplimiento del pago de salarios a un problema de manejo empresarial. “No está bien que el sacrificio recaiga en los usuarios y los trabajadores, que no tienen ninguna culpa. La responsabilidad debe recaer sobre el empresario, que tiene que hacer las previsiones para este tipo de situaciones. Si el Concejo no aumenta el boleto, ¿seguirá el paro?”, se preguntó. (Por Hernán Miranda)
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