07 Febrero 2019
DIRIGENTE. Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados. la gaceta / foto de archivo
El Colegio de Abogados de la Capital envió a la Legislatura un proyecto de ley de ética pública que obliga a los funcionarios a exponer sus patrimonios. La propuesta establece principios, deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a quienes cumplen funciones en nombre o al servicio del Estado. En la carta adjunta dirigida al vicegobernador Osvaldo Jaldo, las autoridades de la entidad argumentan que este instrumento legal ayudará a prevenir y combatir la corrupción.
Tucumán tiene una legislación desactualizada en esta materia. La Ley 3.981, de 1973, establece que el detalle del patrimonio de los servidores públicos tiene carácter secreto y penaliza su divulgación. El nuevo proyecto deroga esa ley y, en contrapartida, obliga a los funcionarios públicos a exponer sus declaraciones juradas. “La información pública será de libre acceso y podrá ser consultada por toda persona en forma gratuita a través del sitio web que a tales fines se habilite”, instituye el artículo 9.
Además, la norma presentada estipula cuándo hay conflicto de intereses entre los deberes públicos y el interés particular. También prohíbe a los funcionarios recibir obsequios o donaciones. Y uno de los puntos sobresalientes del proyecto prohíbe el nepotismo al impedir que un funcionario público designe en un cargo a su cónyuge o a un pariente.
Por su parte, el artículo 22 regula la publicidad de los actos de Gobierno, y prohíbe promocionar a las autoridades o sus orientaciones políticas.
“Legislación ineficiente”
No es la primera vez que un proyecto de ley de ética pública ingresa a la mesa de entradas de la Legislatura. En 2013, el entonces legislador José Manuel Paz presentó un proyecto elaborado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput). En esa ocasión el objetivo era “lograr que la ética invada el accionar público y que la transparencia sea el signo rector de los procedimientos vigentes en las políticas del Estado”.
Sin embargo, la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura postergó varias veces el tratamiento de la ley y nunca la envió al recinto. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia disolvió en 2005 la Fiscalía Anticorrupción, que había llegado a tramitar 400 causas. En los 13 años siguientes, sólo el 0,5% de las denuncias de corrupción con trascendencia pública presentadas en la Justicia provincial y federal registraron una condena firme, según una investigación de LA GACETA y Chequeado.
En la nota que dirigieron a Jaldo este mes el presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Billone, y su secretario, Guillermo Arévalo, citaron instrumentos anticorrupción de derecho internacional, y adujeron que en Tucumán “se han generalizado prácticas ilegales amparadas en la ineficiente legislación que aborda la cuestión”.
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