El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que “a partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos”, al defender el proyecto del Gobierno nacional de un nuevo régimen penal juvenil, que baja a esa edad la imputabilidad penal para delitos graves, desde los 16 actuales.
“Quince años es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística. A partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos y debe responder con un régimen especial”, remarcó el ministro en una entrevista con el diario La Nación.
Según el funcionario, a esa edad comienzan a “cometer sobre todo aquellos hechos más brutales, que son los que van a hacer que a partir de los 15 años uno sea penalmente responsable”, tales como “violaciones, algunos homicidios, hechos realmente graves, con penas mayores a los 15 años de prisión”, subrayó.
“No hay que pensar la responsabilidad penal como algo malo. El joven tendrá que afrontar un proceso en el cual el Estado deberá demostrar que él fue culpable y se le dará un abordaje especial, acorde para ese hecho trágico y que no lo lleve por un camino que pierda su vida”, indicó Garavano.
“La mayoría tiene como edad los 14 años, y algunos tienen menos. Nosotros, después de un análisis técnico, realmente entendemos que la edad adecuada son los 15 años. Además, es una edad en la que los jóvenes comprenden lo que son hechos graves”, sostuvo el ministro.
El proyecto oficial, que será enviado al Congreso en febrero próximo, recibió duros cuestionamientos de sectores de la Iglesia, como la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran -entre otros- curas villeros y religiosos, y la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, que encabeza el cardenal Mario Poli.
Ambos organismos expresaron su rechazo a “cualquier intento” de bajar la edad de imputabilidad, y señalaron que la iniciativa es “demagogia punitiva” y tiene “fines electorales”.
Otras entidades, como la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf), ya habían rechazado la iniciativa del Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil. Evaluaron que esa eventual reforma “no puede reducirse solamente” a una baja de la edad de punibilidad, con el objeto de dar una “respuesta demagógica” a la “seguridad ciudadana”
De acuerdo con los trascendidos sobre el proyecto oficial, la ley buscará establecer sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Asimismo, se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
La mayoría de los opositores aún no definieron posiciones, pero referentes del peronismo, como Miguel Pichetto, ya opinaron que están dispuestos al debate en las extraordinarias del Congreso, previstas para febrero.
También la senadora nacional por el peronismo pampeano Norma Durango, dijo que está a favor de discutir un nuevo régimen penal juvenil, en coincidencia con la decisión del Poder Ejecutivo nacional. (Télam/Clarín)