09 Enero 2019
EL MISMO FIN. Garavano, el ministro de Justicia, y Bullrich, ministra de Seguridad, trabajaron en el proyecto y prometieron llevarlo al Congreso. archivo
El Gobierno nacional anunció que en febrero enviará al Congreso de la Nación el proyecto de ley para crear un nuevo “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”. Actualmente rige la Ley 22.278, que data de la época de la última dictadura militar.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que fue prometida hace dos años atrás -también en un año electoral-, contendría un centenar de artículos, distribuidos en 16 capítulos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó en distintos medios que se buscará bajar la edad de imputabilidad a los 15 años. En tanto, según detalló Clarín, el régimen se aplicará a los menores de 15 cuando hayan cometido delitos tales como homicidio, violación, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.
De acuerdo con la publicación, el proyecto establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia, y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
Además, los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. Y el máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
Por otra parte, uno de los artículos propondría que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
De acuerdo con los trascendidos sobre el proyecto oficial, la ley buscará establecer sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Asimismo se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
Mientras tanto, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) rechazó por anticipado la iniciativa que propicia el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y evaluaron que esa eventual reforma “no puede reducirse solamente” a una baja de la edad de punibilidad, con el objeto de dar una “respuesta demagógica” a la “seguridad ciudadana”.
Por otro lado, el Ejecutivo, también enfrascado en el tema de la seguridad, busca orientar los flujos migratorios hacia las provincias que demanden servicios concretos de trabajo, tras evaluar que en los últimos tres años se radicaron en el país 666.000 personas.
Se apunta que el 83% de esos inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense, en momentos en que varios distritos del interior del país analizan incentivos para extranjeros que se radiquen en su suelo y lograr así cubrir todo tipo de demandas laborales, afirmó el director Nacional de Migraciones, Horacio García.
El Gobierno quiere deportar, y por ende está confeccionado la nómina de extranjeros presos y con causas penales. “Si no se resuelve el problema de la minoría de extranjeros que vienen a delinquir, con la proyección a 10 años, Buenos Aires va a explotar”, advirtió. (Télam/Parlamentario/Infobae)
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