Corte de EEUU apela a Trump por la estatización de YPF

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió solicitar opinión al gobierno de ese país, en el marco de una demanda abierta por un fondo buitre contra la estatización de YPF, que podría costarle a la Argentina unos 3.000 millones de dólares.

El máximo tribunal de Justicia norteamericano dispuso consultar al “General Solicitor” de ese país (el jefe de los abogados del Estado) por ese juicio, que ya tiene dos fallos adversos para la Argentina. La Corte debe decidir si la demanda entablada por el fondo buitre Burford Capital, por la estatización de la petrolera (hecho ocurrido en 2012), debe continuar en tribunales de Estados Unidos o en Buenos Aires, indicó una nota del diario Clarín.

La demanda fue iniciada por ex accionistas minoritarios de YPF, luego de que el Estado argentino le pagara a la española Repsol -que controlaba a la petrolera argentina- 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la “renacionalización” de la compañía. Luego, Burford compró los derechos para iniciar el juicio en nombre de algunos de esos accionistas.

Los abogados del fondo norteamericano argumentan que durante el gobierno de Cristina Kirchner la Argentina rompió el contrato de concesión de YPF, al expropiar el 51% de esa compañía y no haber formulado una oferta a los socios minoritarios.

Según los letrados, se trata de una cuestión de derecho comercial que debe ser juzgada en EEUU, donde se emitieron las acciones de la petrolera.

La intención del Gobierno argentino es que el demandante se presente ante los tribunales argentinos, por entender que la “reestatización” de YPF fue una decisión soberana. Pero no existe un buen precedente. La Argentina tuvo ya dos fallos negativos: uno de la jueza federal de Manhattan, Loretta Preska, y otro de segunda instancia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Si finalmente la Corte Suprema de EEUU rechaza la argumentación argentina, el caso volverá a primera instancia. El tribunal de Preska deberá iniciar un juicio y esto abriría además lo que se conoce en la Justicia de EEUU como un “discovery process”, que obligaría a indagar cómo fue el camino que recorrió la YPF privada desde la era Repsol hasta la llegada del Grupo Petersen, la expropiación y el “buitre” que inició la demanda.

La Corte tenía tres alternativas: aceptar la apelación argentina, rechazarla o pedirle opinión al Gobierno norteamericano, algo que finalmente ocurrió. Si bien la primera opción era la más auspiciosa, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, está satisfecho con la tercera. Los abogados argentinos consideran que la buena relación entre Trump y Mauricio Macri puede tallar a favor del país en la opinión que aporten los asesores de la Casa Blanca a la Corte Suprema de ese país. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en Estados Unidos. La Argentina, en cambio, dice que fue una decisión soberana.