El veto fue el último recurso de Alfaro en la pelea con ediles

El 21 de diciembre, 10 días antes de que finalice 2018, el intendente Germán Alfaro remitió el decreto por el que vetó el proyecto de ordenanza sancionado que proponía una “Ciudad libre de pirotecnia”. Con ese rechazo, el jefe municipal de Cambiemos suma 25 vetos, entre totales y parciales, en sus tres años de gestión al frente de San Miguel de Tucumán.

De acuerdo a un informe elaborado por la Municipalidad, Alfaro impuso 11 vetos en 2016; 3 en 2017 y 11 en 2018. Una vez sancionada una ordenanza, la Intendencia deberá promulgarla (asignarle un número y publicarla en el Boletín Oficial municipal) y reglamentarla (asignarle presupuesto para que pueda aplicarse y definir operativamente cómo cumplirla). Antes de la promulgación, el intendente tiene la potestad de vetar total o parcialmente la norma, en virtud de la viabilidad del proyecto.

“Todo proyecto sancionado y no vetado, total o parcialmente, por el intendente dentro de los ocho días hábiles de recibida por el Departamento Ejecutivo la comunicación, quedará convertido en ordenanza. Vetado totalmente, volverá al Concejo. Si éste no insistiese en su sanción en el plazo de 15 días hábiles, quedará rechazado y no podrá repetirse en las sesiones de ese año”, establece el artículo 29 de ley Orgánica de Municipalidades provincial (5.529).

Del total de vetos, la mayor cantidad fueron a proyectos del concejal José María Franco (seis rechazos). “Sé que cada vez que termina una sesión, desde la Intendencia consultan quién es el autor de los proyectos para saber si los vetan o no. En las últimas sesiones vienen vetando proyectos míos, sin justificación”, explicó Franco a LA GACETA. El edil había asumido en su banca como un aliado a la Intendencia, pero en 2017 abandonó el interbloque Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos. Desde entonces, suele alinearse con los opositores de Tucumán Crece-PJ y del bussismo.

Para el peronista, los vetos de la intendencia se deben a una inquina de Alfaro: “ni siquiera son vetos políticos, es personal. El año pasado vetó la ordenanza propuesta por Sandra Manzone para crear un banco de elementos ortopédicos, y se expusieron excusas sin sentido en el decreto. Eso pasó porque el intendente estaba enojado con Manzone porque ella había votado en contra del Presupuesto. Este año se aprobó el mismo proyecto y no fue vetado, porque no está enojado Alfaro”.

Desde la Municipalidad desestimaron los vetos por enojos de Alfaro. “El veto es una facultad constitucional prevista en el ordenamiento jurídico, una herramienta utilizada cuando se considera que alguna sanción no cumple o violenta principios, garantías de los vecinos. Los vetos responden a cuestiones técnicas, objetivas y de gestión. No existe ningún veto de Alfaro que responda a persecuciones ni a suposiciones subjetivas contra autores de normas. Se toma únicamente la visión de gestión, que debe ser legal y viable”, respondió el secretario de Gobierno Walter Berarducci.

Los rechazos de 2018

Entre los 11 vetos de Alfaro de 2018, se encuentra el rechazo a la ordenanza que declaraba la capital “Ciudad libre de pirotecnia”, una iniciativa del radical Agustín Romano Norri.

Propuestas por Franco, Alfaro vetó una resolución para solicitar que el municipio finalice una obre de desagüe en el barrio Mutual Policial I. También rechazó que se coloque una placa en la Plaza Independencia en honor a los Jubilados de la Plaza y a la referente del sector, Florinda Leguizamón; y el plan piloto de reciclado de neumáticos en desuso.

Entre los vetos con implicancias institucionales, se destacan los vetos parciales al Presupuesto 2018 (que implicó la reducción de los fondos del Concejo de $ 37 millones) y también a la norma que ordenaba a realizar inspecciones mensuales a los edificios de dos pisos, luego de la tragedia del ex cine Parravicini. Alfaro también vetó totalmente la ordenanza que creaba el Boleto Universitario Gratuito, con la promesa de aplicarlo este año, por decreto. El proyecto había sido promovido por el peronismo y el bussismo. Alfaro anunció que implementaría la medida por decreto la tarde que se avanzó con su tratamiento en el Concejo.

El bussismo también tuvo un veto parcial este año: habían propuesto distinguir a María Virginia Posse y Matías Figueroa Zelarayán, por haber adoptado seis niños huérfanos. Alfaro vetó el subsidio mensual de $ 15.000 para ayudar con la crianza de los hermanitos.

Presupuesto del Concejo, un homenaje a un prócer de la patria y un sistema de seguridad, los vetos de 2017

El primer veto de 2017 en la capital fue el 5 de enero: la Intendencia solicitaba modificaciones a la norma sancionada para implementar un Sistema de Seguridad y Vigilancia por Cámaras de Vídeo en paseos públicos y accesos a la capital. El segundo veto del año ingresó en mayo: Alfaro vetó totalmente el proyecto de ordenanza que establece que el Ejecutivo debía elaborar una escultura y colocar una placa recordatoria en homenaje a Bernabé Aráoz en el solar donde vivió, en Congreso primera cuadra. Además, en noviembre se vetó parcialmente el Presupuesto de 2017 para reducir los fondos del Concejo.

Entre los 11 rechazos de 2016, se anuló la creación de un Consejo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Entre los vetos de Alfaro en su primer año de gestión se destaca un rechazo erróneo. En una de las primeras sesiones de ese año, los ediles aprobaron una reforma para reglamentar los procedimientos y plazos de los vetos totales o parciales. El proyecto era resultado del trabajo en conjunto de equipos técnicos de la Municipalidad, del Concejo y de los propios ediles. La Intendencia lo vetó en una equivocación, según funcionarios del municipio. El Concejo, entonces presidido por el aliado al municipio, Javier Aybar, dejó correr el plazo para insistir con la normativa. El 22 de agosto del mismo año ingresó al Concejo el veto total a la ordenanza que creaba el Banco de Elementos Ortopédicos, propuesto por Sandra Manzone. Este año se volvió a presentar la norma, se aprobó por unanimidad y esta vez no fue vetada: es la ordenanza 4.967. En septiembre, la intendencia vetó la creación en la capital del Consejo de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en concordancia con una ley provincial nunca aplicada.