“Se cumple un año de la muerte de mi hija y la causa sigue tal como estaba, no hay avance de la Justicia”, relató Juan José Vargas, padre de la joven médica de 28 años que murió al caer de un parapente el 29 de diciembre del año pasado.
“A pesar de que tenían todo el apoyo oficial de la provincia y de Turismo, la empresa de vuelos no respetaba las normas de seguridad mínimas. Esto provocó su muerte”, agregó el padre de la víctima.
Natalia Vargas, oriunda de Concepción, vivía en Alemania porque realizaba una residencia. Había llegado a la provincia para compartir esos días con su familia. La joven decidió realizar de nuevo un vuelo en parapente ese viernes por la tarde. A poco tiempo de haber iniciado la aventura, cayó al vacío y falleció. Su cuerpo fue encontrado a 200 metros de distancia de la pista de despegue. El piloto, Ariel Salazar Cardona, había declarado que Natalia se habría desprendido del sistema de seguridad al sufrir un ataque de pánico.
“No se tuvo respeto como familia, nos mintieron continuamente. Dijeron que mi hija tuvo un ataque de pánico para sacarse responsabilidad como hasta hoy”, señaló. “Nos dijeron también que nunca apareció la cámara”, refiriéndose a la filmadora que graba el vuelo de cada pasajero, y que serviría como prueba en la investigación.
“El vuelo en parapente es una actividad de mucho riesgo, quien se sube a uno tiene que saber que está expuesto”, manifestó. “El Gobierno, al promocionar este tipo de actividad, debería tener recaudos”, agregó. Como consecuencia, los vuelos turísticos fueron suspendidos por el Gobierno hasta que se reguló la actividad llamada “Turismo aventura” en octubre.
Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de su hija, Vargas hizo un pedido a la Justicia: “Nosotros no haremos marcha ni protesta en el aniversario. Esperamos que se sepa quiénes fueron los responsables del accidente”, dijo. “Quiero saber quiénes son los responsables de ocultar las pruebas y haber cambiado las versiones para cubrirse”, añadió.
Contó que espera que la Justicia haga lugar al requerimiento de elevación a juicio oral por el delito de homicidio culposo, pedido por la fiscala María del Carmen Reuter en junio. Además, solicitó el mismo trámite por encubrimiento contra otras tres personas. “A pesar de que se hicieron las leyes, cualquier actividad está reglamentada por el respeto de quienes la ejercen. Importa la calidad de esas personas”, remarcó.