Fallido intento de identificar a ocupantes de “Las Pirámides”

Un operativo de la Universidad para identificar a la gente que vive en el barrio privado “Las Pirámides” en San Javier fracasó ayer, ante la negativa de los ocupantes del predio a que ingresen el oficial de Justicia y el abogado de la UNT. La medida se reiteraría en breve, con apoyo de la Policía.

El predio está ubicado en la ruta 338, entre San Javier y Villa Nougués, en el límite sur del Parque Sierra de San Javier. El emprendedor del barrio privado, Próspero Marcelo Sosa, está instalado en un sector que la UNT reclama como perteneciente al parque. En 1998 lo denunciaron por usurpación y 10 años después el juez Raúl Daniel Bejas lo sobreseyó por prescripción de la acción penal. A partir de entonces Sosa inició, según dijo, su proyecto de barrio privado, ya que considera que tiene derecho de posesión del lugar, donde, dice, vive su familia desde hace 100 años. La construcción del barrio se hizo pública en septiembre, cuando trascendió que lo estaban comercializando a través de la web. La UNT pidió entonces acción de la Justicia en reclamo del predio, y el juez Bejas otorgó hace tres semanas una cautelar en la que ordena a Sosa no seguir con las construcciones y determina también que sean identificadas las personas que viven o tienen casa en ese barrio. “Hemos pedido esa medida preliminar –dijo el abogado de la UNT, Máximo Castro- para, una vez identificados todos los ocupantes, iniciar una acción de reivindicación”.

Sin policías disponibles

Ayer a las 13.30 llegaron a la entrada de “las Pirámides” el abogado Castro y el oficial de Justicia Juan Tombesi. “Estuvimos golpeando las manos y tocando bocina hasta que, casi media hora después, vino Marcio Sosa, el hijo de Sosa, y no nos dejó entrar. Fue muy tensa la situación”, explicó Castro. “Como la medida era con orden de allanamiento, necesitábamos que nos comisionen policías”, dijo el abogado. “Fuimos a la comisaría de Villa Nougués, y había un solo agente, que no podía salir; fuimos al Corte, y tampoco había personal. Y en la comisaría de Yerba Buena, lo mismo. Voy a pedir al juez que expresamente designe personal policial, con un oficio, para hacer cumplir esta medida”.

Marcio Sosa dijo por qué se opuso: “les he pedido que por favor traigan la fuerza pública. Es ilegal la medida que está tomando esta gente. Las tierras las ha comprado el Estado nacional y la UNT se arroga derecho de títulos. Esas tierras deberían estar registradas en bienes del Estado, y la UNT no cumplió con la inscripción”. Añadió que, además, hay gente con influencia que está viviendo dentro de lo que la Universidad dice que son sus tierras. “Por ejemplo, en las Tuquitas, cerca de Raco, sobre la ruta 341”.

Al respecto, el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, dijo que el argumento de los títulos es insostenible. “El Parque Sierra de San Javier, bien delimitado, figura en el Registro Inmobiliario de Tucumán”. También dijo que están identificadas las personas que ocupan predios universitarios, tanto en Horco Molle como en Tapia (cerca de Raco).

Con respecto al caso de “Las Pirámides”, dijo que ya se hizo un relevamiento con drones y una imagen satelital. “Hay unas 20 construcciones, entre precarias y bien hechas, muchas de madera y otras de alto valor. Hay una casa con tres tanques de agua y la mujer que la construyó dijo que gastó ya unos 5 millones de pesos. Lo que se está haciendo es identificar a los ocupantes. Hay gente que se presentó espontáneamente a comentar la situación. Llevaron papeles y nos pasaron contactos de gente. Todos tienen boleto de compraventa -no plano- sobre acciones y derechos”. En su opinión, se trata de gente que por ahora tiene esas viviendas para usar en fin de semana. “Debe haber muy pocos viviendo ahí. Hay también una persona que concurrió espontáneamente; vivía ahí y tuvo que dejar por amenazas. Nos pidió que cuando se haga el desalojo se le permita sacar lo que pueda de la construcción”. Vitulli finalizó diciendo que la medida del juez Bejas determina que se trata de un bien de dominio público y que no fue apelada por Sosa, y “por lo tanto quedó firme”.