Por Luis María Ruiz
26 Diciembre 2018
AFIRMATIVO. El proyecto de Manzur para crear los cuerpos de Policía Municipal tuvo apoyo mayoritario en la sesión del viernes, la última de 2018. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo (ARCHIVO)
El Poder Legislativo le dio fuerza de ley al proyecto de la Casa de Gobierno que habilita la creación de los cuerpos de Policía Municipal de Prevención Local (PMPL).
La norma, enmarcada en el paquete de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo (PE) contra la inseguridad, tiene por objetivo regular y reforzar la tarea de los vigías municipales, que ya están operativos en más de una decena de distritos del interior. Este programa, además, tendrá un impacto político, ya que otorga facultades y responsabilidades a los intendentes en las políticas de prevención y reacción al delito.
El plan había sido anunciado el martes pasado en el Teatro Mercedes Sosa por el gobernador Juan Manzur y el ministro de Seguridad, Claudio Maley. Ambos pusieron su firma al proyecto que, tres días después, fue aprobado por la Legislatura. También recibieron el aval de la Cámara la compra de armas y equipamiento de origen israelí por unos 9 millones de dólares; la nueva Ley de Servicios Adicionales de la Policía; y el “protocolo Maley” para el uso de la fuerza en la Policía.
Los policías municipales tendrán similares atributos y funciones a las de sus pares provinciales: podrán detener por delitos en flagrancia o contravenciones, serán auxiliares de la Justicia e inclusive serán habilitados a portar armas de fuego (el detalle depende de la reglamentación). Desarrollarán sus tareas en los municipios “cuyas autoridades decidan suscribir” un convenio específico con la Provincia. Este acuerdo, anunció Manzur, posibilitará la capacitación y colaboración del Ministerio de Seguridad en la creación de las PMPL.
Debate
El proyecto desató un extenso debate en el recinto.
El presidente de la comisión de Seguridad, el peronista Javier Pucharras, abrió su exposición con un enérgico rechazo a las críticas que había formulado el ex gobernador José Alperovich hacia las políticas contra el delito de la actual gestión. El ex intendente de Tafí Viejo relató que durante su gestión se creó el primer cuerpo de vigías municipales. “Cuando le plantee al hoy senador por qué no se involucraba a los intendentes en cada una de las acciones en seguridad, su respuesta fue: ‘fijate Javier cómo lo podés a hacer’. ¿Cómo iba yo a llamar a los intendentes para involucrarlos en esto, si era un par? El que tenía que dar la respuesta era el gobernador de ese momento, y no fue así”, dijo. Admitió que un jefe municipal no “quiere sumarse problemas”, pero que llegó a la creación de los vigías ciudadanos porque la situación era “extrema”.
El radical Fernando Valdez elaboró un dictamen en rechazo al proyecto. “El ministro Maley admitió el mal estado de la seguridad en la provincia, y eso está consignado en las actas de la comisión especial. Fue un hecho inédito”, consideró. Pero advirtió que el proyecto del Gobierno “no va a solucionar nada”. “Con esto no vamos a bajar ni un milímetro los índices delictivos que se registran en Tucumán”, añadió el referente de “La Pisarello”.
Claudio Viña (Nueva Fuerza, Cambiemos) manifestó que “hay mucha gente armada en la provincia”. Y consideró que la crisis originada por la inseguridad llevó a más de una decena de municipios “a improvisar”. “Decidieron comenzar a cuidarse a sí mismos ante las deficiencias del Estado provincial”, destacó. Y mencionó que la delegación de facultades establecidas en el plan del Ejecutivo “es anticonstitucional”.
Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos) instó a que se pongan en funcionamiento delegaciones municipales de la Policía. “No es viable de esta manera. En algún momento no se sabrá si la actuación de un caso es responsabilidad provincial o municipal. Hay artículos absurdos e inaplicables. Además, los empleados serían parte del municipio, no de la Policía. Este proyecto, así como está, no sirve”, expresó el ex presidente del Colegio de Abogados.
El radical Rubén Chebaia señaló que estaba en contra “del proyecto”, pero “no de la idea”. “Tiene tantos defectos jurídicos que va a ser un picnic para los abogados. Será una fuente de trabajo para letrados”, ironizó Chebaia.
El peronista Marcelo Caponio defendió la idea del Gobierno. “El mensaje más importante es que los policías municipales van a poder usar armas de fuego, bajo la supervisión de la fuerza de seguridad provincial”, señaló.
El oficialista Eduardo Cobos señaló que este plan regularizará la situación de una docena de cuerpos de vigías. “El tema del conocimiento territorial es muy importante”, valoró el ex funcionario.
Alfredo Toscano, afín al intendente Germán Alfaro (PJS, Cambiemos), aseveró que la Legislatura no tiene “facultades constitucionales” para crear la Policía Municipal. “Las guardias municipales deben tener otro rol: prevenir el vandalismo, cuidar espacios públicos, acompañar al vecino y al turista. Un empleado municipal no puede estar armado ni reemplazar a la Policía”, dijo.
El alperovichista Julio Silman consideró que la medida significa “un granito más de arena”. Si bien apoyó la iniciativa, el ex intendente de Alderetes alertó que “la responsabilidad del Estado provincial no se puede delegar”.
Con el proyecto sancionado, Manzur ahora debe reglamentar la norma y aprobar el convenio a firmar por los intendentes que decidan tener su propia policía. Según se desprende de la nueva norma, diversos aspectos clave, como la portación de armas, dependen de ese texto oficial.
Textuales del plan oficial
En emergencia.- En el proyecto enviado a la Legislatura con las firmas del gobernador Juan Manzur y del ministro Claudio Maley consta que la creación de los cuerpos de Policía Municipal de Prevención Local está enmarcada en la Ley de Emergencia en Seguridad, vigente desde 2016.
Aporte “de todos”.- “La optimización de la acción preventiva policial requiere el aporte de todos. Por ello, es necesaria la adaptación de las políticas generales a las particularidades de cada localidad y barrio de la provincia, con cercanía a la gente y con planes especiales y diferenciados para cada municipio”, fundamentaron los funcionarios.
Armas.- “Surge la necesidad, por riesgos inherentes a sus funciones, de regular el uso de armas de fuego, como último recurso, razón por la que debe estar sometida a todos los controles y estándares nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir que, conforme el convenio y reglamentación, personal de policía municipal autorizado especialmente portará armas para poder intervenir en los casos en que sea necesario, siempre conforme a la normativa que regula su utilización”, expresa el proyecto.
Misión.- “Las unidades de Policía Municipal de Prevención Local tendrán como misión esencial la prevención de delitos y contravenciones, actuando con características de policía de proximidad, coordinando su actuación con los municipios de demás unidades policiales”, señala el artículo 4 de la norma. Agrega que el jefe de la “Unidad de Policía de Prevención Local” será designado por el ministro de Seguridad en acuerdo con el jefe municipal correspondiente.
Funciones.- Las unidades de Policía Municipal de Prevención Local tendrán delimitadas sus funciones por el artículo 5 de la ley. Entre ellas, realizar “actividades de observación, patrullaje y vigilancia”; efectuar “la prevención primaria, con un conocimiento cabal del sector barrial sobre el cual trabaja”; y hacer cesar “la comisión de delitos y contravenciones e impedir sus consecuencias”.
Detención.- La norma otorga entre las funciones de la policía municipal “ser auxiliar de la Justicia”. Y agrega que estos agentes podrán “limitar la libertad de las personas únicamente en cumplimiento de orden emanada de autoridad judicial competente o cuando se trate de alguno de los supuestos prescritos por el Código Procesal Penal o la ley de contravenciones de aplicación al caso”.
Designación.- “El PE reglamentará el ingreso del personal policial, su capacitación, cantidad, funcionamiento de las unidades, certificación necesaria para el uso de armas en los casos que correspondiere, administración general, control interno y el régimen disciplinario”, expresa el artículo 8.
El rol del intendente.- “Cada intendente que haya adherido al Convenio Específico (...) podrá proponer al Ministro de Seguridad un Programa Operativo de Seguridad, que contendrá las políticas preventivas y las acciones estratégicas propuestas para su distrito”, señala la norma.
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