22 Diciembre 2018
LA FAMILIA. El fiscal considera que Cristina y sus hijos Máximo y Florencia participaron en el blanqueo de dinero. archivo
El fiscal Gerardo Pollicita pidió ayer elevar a juicio oral por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a la ex presidenta Cristina Fernández, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, entre otros, por la causa “Hotesur”. Se sospecha que la facturación del Hotel Alto Calafate (propiedad de esa firma) a empresas de Báez fue una maniobra para “blanquear” dinero de la corrupción de la obra pública. Si el juez federal Julián Ercolini acepta el pedido de elevación a juicio, el caso pasará a un tribunal oral.
Este sería el quinto juicio que enfrentaría Cristina. Los otros son el caso “Vialidad”, por la adjudicación de obras a la empresa Austral, de Báez (comienza el 26 de febrero); la firma del Memorándum con Irán; la causa “dólar futuro”; y el caso “Los Sauces” (similar a “Hotesur”, por alquiler de habitaciones de hoteles a adjudicatarias de obras públicas).
“Se ha corroborado la existencia de una organización criminal que desde el seno del Estado se dedicó en forma constante y sistemática a sustraer fondos del Estado Nacional y luego a apoderarse de ellos a través de distintas maniobras de reciclaje de activos”, sostuvo la fiscalía.
El pedido incluye también a Martín Báez, hijo de Lázaro; el contador Víctor Manzanares; la sobrina de la ex presidenta Romina Mercado; y el ex socio de Máximo, Osvaldo Sanfelice. En la lista figuran Adrián Esteban Berni, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Patricio Ricardo Pereyra Aranda, Emilio Carlos Martin, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza, Martín Samuel Jacobs, Alejandro Fermín Ruiz y Oscar Alberto Leiva.
El caso
La causa “Hotesur” comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). “Hotesur” fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con U$S 2 millones que el ex presidente compró en un contexto de tensión en el mercado financiero por la fuga de divisas. El caso fue impulsado por el juez Claudio Bonadio.
Bonadio ordenó el allanamiento de la sede de Hotesur en Buenos Aires. La empresa administra el Hotel Alto Calafate, que tras la muerte de Néstor Kirchner quedó, en parte, en manos de sus hijos y de la ex presidenta. El juez se encontró con una oficina vacía.
A mediados de 2015, Bonadio fue expulsado del expediente después de hacer una serie de allanamientos en Santa Cruz. El caso pasó a manos del juez Ercolini y el fiscal Pollicita, en el marco de la causa de asociación ilícita. Cristina y sus hijos fueron procesados el 14 de mayo pasado.
Metodología
“Hemos visto cómo desde las empresas controladas por Lázaro Báez, como consecuencia de la asignación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, transfirieron fondos hacia la empresa Valle Mitre. Esta firma se encargaría de aplicarlos a la actividad hotelera y una vez reciclados, llegarían a manos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, y aquellos pudieron disponer libremente de los fondos por allí canalizados”, consigna el expediente.
Se refería a la reserva de gran cantidad de habitaciones en Alto Calafate, que luego se pagaban pero no eran ocupadas.
Según se apunta en el expediente, “se hicieron de los fondos necesarios con el propósito de adquirir los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea El Chalten; crearon y administraron una empresa pantalla; la utilizaron con los fines de canalizar dinero; administraron y explotaron los hoteles investigados; y realizaron distintas acciones tendientes a inyectar fondos a esta firma”, sostuvo el fiscal en su requerimiento. (Infobae/Télam)
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