Por mayoría, la Legislatura creó las Policías Municipales y reglamentó el uso de armas

Por mayoría, la Legislatura aprobó el proyecto que establece los parámetros y las condiciones para el uso de armas en la Policía de Tucumán. 

La iniciativa surgió del Gobierno provincial, que desistió de adherir al protocolo dispuesto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y optó por elaborar un proyecto propio. El proyecto aprobado hoy, con reparos de la oposición, cuenta con dos artículos (el tercero es de forma), pero lo sustancial está expresado en un anexo de nueve carillas titulado “marco regulatorio del uso racional de la fuerza y de armas en la Policía de Tucumán para la protección de la ciudadanía y la prevención del delito”. Además, forma parte del paquete de iniciativas que impulsa la Casa de Gobierno para tratar de reducir el delito en la provincia, como la compra de armas de fuego y la creación de los cuerpos policiales municipales. 

Precisamente, ambas iniciativas también fueron aprobadas por mayoría en la sesión de hoy. "Se aprobaron por mayoría los proyectos de ley creando las Policías Municipales de Prevención Local, en aquellos municipios cuyas autoridades decidan suscribir el Convenio Específico de Conformación y Cooperación con el PE", precisó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. 

En qué consiste

El plan para regular el accionar policial pone énfasis en disposiciones vigentes, como el “trato respetuoso” hacia el ciudadano, las “buenas costumbres” y el uso del uniforme oficial en horas de servicio. A la vez, contiene novedades para los integrantes de la fuerza provincial, sobre todo en el apartado relativo a las armas, que contiene dos partes. En el primer lote figuran las “intermedias”, que son el bastón policial (con empuñadura lateral, recto o corto y la tonfa), el gas en aerosol orgánico (“sus componentes son productos como la pimienta de cayena u otros ‘picantes’ similares, de los que se conocen sus efectos”, explica el proyecto), las armas eléctricas de contacto y “las demás (armas) que autoricen las disposiciones aplicables”. En el segundo punto aparecen las “letales”, que son aquellas armas de fuego ya habilitadas para todos los policías.

En otro artículo del protocolo se establecen los “principios” según los cuales “el personal policial hará uso de la fuerza”. El primero es de “legalidad”, y refiere a la Constitución de la Nación y a la de la Provincia, además de leyes, reglamentos y tratados internacionales vigentes. El segundo es de “racionalidad”, y determina que “su utilización deberá ser producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades de los sujetos y no se puede recurrir a otro medio”. El tercer principio es de “necesidad”, y permite el uso de la fuerza “en la medida que requiera el desempeño de las funciones de los integrantes de la institución policial para preservar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, sus bienes, el orden público y la integridad del agente”. El cuarto punto es de “proporcionalidad”, y consigna que la fuerza “debe aplicarse con correspondencia al nivel de resistencia o agresión que debe repeler”. Los últimos ítems mencionan la “congruencia”, que apunta a mantener “una relación de equilibrio entre el nivel de uso de la fuerza a emplearse y el detrimento o daño que cause o pretenda causar el agresor”, y la “oportunidad”, que permite la aplicación del accionar policial “según las circunstancias del caso, para lograr los fines de la seguridad pública, o evitar un daño a la integridad, derechos y bienes de las personas, las libertades o el orden y la paz públicos”.

El protocolo establece además un nivel gradual para las distintas clases de intervención, que van desde la presencia o las órdenes verbales hasta el uso de armas letales. “El personal policial privilegiará la disuasión y la persuasión”, agrega el plan elevado por el ministro de Seguridad. Y agrega diversas prohibiciones, como “disparar para controlar a personas que solamente se encuentran causando daños a objetos materiales” o utilizar las armas eléctricas contra “mujeres embarazadas, ancianos, niños pequeños y personas visiblemente débiles”. A estas disposiciones del Ministerio de Seguridad se podrán agregar otras mañana, en el recinto, a propuesta de los legisladores.