Un poco más de cuatro horas necesitó ayer Gustavo Morales, defensor de Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia, para justificar y realizar 17 planteos ante el Tribunal del juicio por el crimen de Paulina Lebbos.
En su alegato, el abogado rechazó las imputaciones de encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público, coacción y abuso de autoridad, acusaciones que habían efectuado la querella y, en parte, el Ministerio Público Fiscal. Habían requerido 14 años y seis meses y seis años, respectivamente, para el ex funcionario del gobierno de José Alperovich.
Entre sus demandas, Morales requirió la prescripción de la acción civil (el pago en caso de condena); el sobreseimiento de su cliente por posible prescripción del delito de abuso de autoridad; e hizo reserva para recusar a los integrantes de la Sala III, Dante Ibáñez (presidente); Carlos Caramuti y Rafael Macoritto. Inclusive, el letrado pidió que se investigara a Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada, por el supuesto delito de falso testimonio agravado, cometido, dijo, en audiencia en contra de Di Lella.
También planteó que se remita a la Fiscalía de Instrucción de la 4ª Nominación una investigación contra el ex gobernador José Jorge Alperovich por el presunto ilícito de “exacciones ilegales” en grado de tentativa. Morales explicó de que se trataba de un hecho conexo y que buscaba saber si el ex mandatario había querido “pagar indebidamente una dádiva” a Alberto Lebbos, en el velorio de Paulina.
“Expresó Lebbos que al momento del velorio, Alperovich le había dicho que iba a mantener su sueldo sin trabajar. Esto fue escuchado por Jorge Gassenbauer (ex funcionario), sin embargo, éste ha venido a mentir a esta audiencia”, argumentó el abogado para sostener el pedido por falso testimonio también en contra del actual asesor del senador nacional.
“¿Por qué Alperovich le hizo esa propuesta a Lebbos? Lo tendría que explicar Alperovich”, añadió.
El abogado de Di Lella apuntó, a su vez, a la nulidad de la acusación pública y privada por el homicidio y el encubrimiento agravado. Para ello, hizo hincapié en la exclusión como pruebas de la reconstrucción y las pericias realizadas por Gendarmería Nacional. La tarea de los peritos de la fuerza federal habían expuesto las posibles irregularidades de las tareas de la Policía de la provincia, durante el levantamiento del cuerpo y de pruebas en el lugar del hallazgo, y en la autopsia del cadáver.
El letrado insistió en su hipóstasis, desestimado durante el desarrollo del juicio por los testigos y los pruebas, de “ahogamiento” y también en el móvil de la muerte de “índole pasional o sexual”.