Maley dijo que “estaría” en Buenos Aires y le falló a la Corte

La Corte Suprema de Tucumán notificó que el Gobierno agravó la crisis carcelaria y que ya no hay margen para nuevas dilaciones en la quinta sentencia emitida en el ámbito del hábeas corpus correctivo iniciado en 2015. Pero el alto tribunal se vio obligado ayer a postergar la reunión que había convocado el 11 de diciembre porque el funcionario público al que le incumben las políticas para los privados de la libertad indicó el viernes que a lo mejor no iba a estar en la provincia. Claudio Maley, ministro de Seguridad, dijo a la Corte en potencial que este lunes “se encontraría” en la Ciudad de Buenos Aires por compromisos contraídos anteriormente cuya postergación resultaba imposible. Maley añadió que volvería hoy a primera hora y que, por ello, solicitaba una reprogramación de la cita.

El plantón de Maley cayó mal en el alto tribunal, que en el fallo de la semana pasada había indicado que correspondía abrir las audiencias al público en atención a la gravedad institucional de este caso que registra numerosas omisiones e incumplimientos por parte del Gobierno de Juan Manzur. Hasta esa resolución, los encuentros de los funcionarios del Poder Ejecutivo con la Corte y el Ministerio Público Fiscal habían transcurrido a puertas cerradas. Y pese a la intención de los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar de transparentar el proceso, por la urgencia de la causa estaba previsto que la reunión de ayer fuese la última reservada. La inasistencia del ministro de Seguridad torció esos planes: en la Corte había votos suficientes para celebrar directamente la primera audiencia pública el 19 de febrero.

El acto abierto ha de ser preparado con una reglamentación específica que los vocales tienen que aprobar para garantizar la participación de las partes y de la población. La intención de ese procedimiento es que los funcionarios rindan cuentas no ya sólo ante los jueces supremos, sino también ante la sociedad. Según el último fallo de la Corte, persisten las transgresiones legales por parte del Estado. En función de estas circunstancias alarmantes, el alto tribunal tomó cuatro medidas: la más relevante de todas es la que incita al Poder Ejecutivo a presentar “finalmente” el plan integral exigido desde 2016. Ese programa debe incluir “referencias precisas y medibles”; la identificación de los funcionarios responsables y un cronograma de tareas. El Estado ha de precisar qué hará para aumentar las plazas de prisión para los próximos dos años; adecuar la permanencia de detenidos en comisarías, etcétera.

La resolución del 11 de diciembre exhorta asimismo a los poderes Legislativo y Ejecutivo a elaborar un plan de trabajo para el funcionamiento de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes creada por ley en 2012. Mientras tanto y como tercera medida, el alto tribunal dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Érica Brunotto monitoree las condiciones de detención en las comisarías. Por último, los vocales convocaron la audiencia en vías de reprogramación.

La Corte describió con detalles las omisiones en las que incurrió el Ejecutivo desde el inicio del hábeas corpus correctivo promovido por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni. El alto tribunal subrayó que el Gobierno no validó ni confirmó la información que presentaron en el proceso el ex director de Institutos Penales de Tucumán, Guillermo Snaider, y el ministro Maley (Snaider renunció hace un año luego del homicidio de un preso que había denunciado que guardias de la cárcel de Villa Urquiza vendían droga). Y añadió que la Policía seguía usando la Ley de Contravenciones declarada inconstitucional.