Por Gustavo Rodríguez
17 Diciembre 2018
Compras en grandes cantidades de pasta base y cocaína; estiramiento de la droga; acopio en diferentes lugares; fraccionamiento de la sustancia; comercialización y distribución en diferentes barrios de la capital y del Gran San Miguel de Tucumán. Esos son los delitos que les imputó el fiscal federal Pablo Camuña a los integrantes de “La Banda del Cabezona Gómez” al pedir que sean enjuiciados. Y si el debate se realiza el próximo año, podrían ser alrededor de 100 los supuestos narcos que se sentarán en el banquillo de los acusados.
La investigación, que dejó al descubierto que la provincia no sólo es un lugar de paso sino que operan organizaciones con mecanismos aceitados y estructuras complejas, fue realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal. Se inició por dos denuncias anónimas que, al ser confirmadas, se unificaron y quedaron en manos de Camuña.
La tarea dio su fruto en junio de 2016. En el interior de una alejada casa del barrio Néstor Kirchner, al sur de la capital, oculta en una cámara séptica, encontraron más de 41 kilos de cocaína. Paralelamente, se desarrollaban operativos y eran detenidas unas 10 personas. En Barrio Norte, cuando intentaba escapar descalza de su departamento, los federales detuvieron a Nilda Griselda “La Cabezona” Gómez, sospechada de ser la líder de la organización que habría operado en los barrios del sur de la ciudad, Villa 9 de Julio, la Costanera y Alderetes, entre otros puntos.
Según la investigación de Camuña, la “Cabezona”, que llevaba una vida de lujos y que circulaba en una camioneta RAM y un Mini Cooper, vehículos que fueron secuestrados; sería la responsable de llevar adelante las negociaciones para la compra de grandes cantidades de drogas que luego terminaban en los quioscos de narcomenudeo que pertenecían al grupo o que vendían a terceros.
Las otras líneas
En una segunda línea, siempre la hipótesis que manejaron los investigadores, ubicaron a Oscar “Cotoroto” Sánchez y Maximiliano “Maxi” Ale (hijo de “La Cabezona”), recibían la droga que, supuestamente adquiría Gómez en el norte del país para ocultarla, estirarla, fraccionarla y distribuirla en los quioscos de su propiedad.
Los parientes de “Cotoroto” también podrían haber formado parte del mecanismo de la banda. Según la teoría del fiscal, Cintia “La Gorda” y Oscar Romelio Sánchez y Manuel Alberto Lobo (tío) deberán afrontar cargos por acopiar, fraccionar y distribuir la droga.
Camuña, en su pedido, habría logrado establecer a las personas que Gómez les vendía pasta base y cocaína para comercializar en sus propias redes de narcomenudeo ubicadas en distintos barrios de la provincia: Miriam del Valle “La Negra” Soria (a), Walter Ricardo “Cogote” Peralta y Marcelo “Campi” Campillo. “Con estas personas (Gómez) tenía estrechos vínculos comerciales ilícitos: era a quienes proveía de estupefacientes o con quienes compartía proveedores de países vecinos”, planteó en el escrito.
Condenas
El fiscal federal estima que el movimiento en el Tribunal Oral Federal será intenso en 2019. Serán al menos nueve grupos que serán enjuiciadas a partir de febrero. A ellas se les sumarán las personas que fueron detenidas por manejar quioscos en los barrios de la provincia.
“Serán debates fuertes porque son organizaciones importantes y complejas. Estimo que serán alrededor de un centenar de personas que deberán ser sometidas a debate oral. Por eso es probable que se extiendan hasta mediados de 2020”, explicó en una entrevista con LA GACETA.
Durante este año, la Justicia condenó a los integrantes de más de tres organizaciones que operaban en la provincia. Carla “La Jefa” Sánchez, que habría manejado una importante organización que abastecía a esta y otras provincias, se declaró culpable en las tres causas en la que estaba acusada y fue condenada a siete años por un tribunal de Santiago del Estero. Como está detenida desde 2015, podría comenzar a gozar de salidas transitorias y, a partir del próximo año, libertad condicional.
En septiembre recibieron penas de entre seis y 12 años los integrantes de “La banda de Trayán”, conocida así porque era integrada por Julio César Trayán, el empleado del legislador Santiago Cano. Este fue uno de los primeros grupos desarticulados en 2016 que se dedicaban al tráfico de drogas a nivel provincial y nacional.
En este caso, recibieron penas los hermanos Ricardo, Walter y Daniel García y Trayán (eran los que manejaban el negocio); Juan Andrés Saucedo (se habría encargado de conseguir los precursores para que la banda estirara la droga) y Juan Carlos Straatman (el proveedor de la marihuana). Carlos José Casuso fue absuelto por el beneficio de la duda.
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