15 Diciembre 2018
Los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el Ministerio Público Fiscal y los representantes del Gobierno abordarán la crisis carcelaria por primera vez en una audiencia pública prevista para el lunes a las 10.30. La novedad consta en la sentencia del 11 de diciembre en la que los vocales exhortaron al Poder Ejecutivo a presentar políticas penitenciarias concretas para ajustar la situación de los presos a los estándares legales (se informa por separado). La citación a una reunión “a puertas abiertas” forma parte de la serie de nuevas medidas que los jueces supremos Daniel Posse, René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar adoptaron en el quinto fallo que emitieron en el ámbito del hábeas corpus correctivo iniciado en 2015.
“Debido a la importancia de estas cuestiones y a los derechos afectados, entendemos que (el hábeas corpus) se convierte en un caso con trascendencia institucional y social. Por ello es que consideramos pertinente convocar a una audiencia pública para que las partes brinden información sobre sus acciones. Esto hace honor a las buenas prácticas sobre información pública, transparencia y publicidad de los actos de gobierno en la línea instalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas tan trascendentes como ‘Riachuelo’ (‘Mendoza’) y ‘Verbitsky’”, manifestó Posse en un tramo de su voto al que adhirieron sus pares.
El hábeas corpus articulado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni hace tres años dio pie a la celebración de varias audiencias, todas cerradas al público. La primera de esas reuniones tuvo lugar en julio de 2015, y en ella participaron, entre otras autoridades, los vocales de la Corte Suprema menos Goane; el camarista penal Dante Ibáñez; los fiscales que instaron el proceso y su superior, Edmundo Jiménez (en esa ocasión inaugural representado por la ex fiscala Juana Prieto), y cuatro funcionarios de la gestión anterior del Poder Ejecutivo: Jorge Gassenbauer, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad; el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa; Guillermo Snaider, director de Institutos Penales, y el secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava.
A las audiencias sin público desarrolladas ya durante el mandato del gobernador Juan Manzur concurrieron, entre otros, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; un representante de la Fiscalía de Estado a cargo de Daniel Leiva; la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, y el ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley. La última reunión tuvo lugar en marzo, luego de que trascendiera la situación de hacinamiento de detenidos en la Seccional 11ª. Para entonces, la Corte Suprema había emitido ya tres sentencias para compeler al Gobierno a revertir la emergencia carcelaria.
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